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A un año de prohibir comida chatarra a niños de Oaxaca, nada cambió; es una ley de conciencia: impulsora

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La mujer contesta con un “no” rotundo una y otra vez. Para todas las preguntas, la respuesta es la misma:

—¿Les han dado algún tipo de información sobre la nueva ley que prohíbe vender comida chatarra a menores de edad?

—No.

—¿No vino la Secretaría de Salud o los propios proveedores?

—No.

—¿Se ha vendido todo normal? ¿Ha habido algún cambio?

—No, todo sigue normal.

—¿Ha visto que los padres ya no les compren estos productos a sus hijos?

—No, no hay ningún cambio.

Detrás de su mostrador en una tienditas de Santa María Atzompa, municipio conurbado a la ciudad de Oaxaca, la mujer es contundente en su opinión: A un año de que en Oaxaca aprobó una reforma de ley que prohíbe la venta de alimentos chatarra y refrescos a menores de edad, el esfuerzo, asegura, no ha servido para nada.

Realmente no sirvió de nada, porque el producto se sigue vendiendo. Ni lo de cambiar las figuras del empaque, que llamaba la atención a los niños. Ellos ya saben lo que es y lo compran, explica la mujer.

A un año de que el Congreso de Oaxaca aprobó con 31 votos a favor la adición del Artículo 20 Bis a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con la cual se prohíbe la venta y suministro de productos con alto contenido calórico y bebidas azucaradas a menores de edad, conocidos como “comida chatarra”, la legislación, que en su momento se consideró histórica para América Latina, no ha sido aplicada y sólo vive en el papel.

Incluso Magaly López Domínguez, la diputada de Morena que impulsó dicha reforma y aseguró que su entrada en vigor en septiembre de 2020 representaba “un gran avance” en la lucha para erradicar grandes problemas de salud pública como la obesidad y diabetes en las niñas y niños, reconoce que la prohibición no ha sido aplicada y señala como responsable directo a Juan Carlos Márquez Heine, secretario de Salud, y al gobierno de Oaxaca.

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“No encontramos estrategias ni políticas públicas, no vemos que están  trabajando en un plan para echar a andar la ley mediante anuncios, spots, capacitaciones. Tienen todo el aparato de gobierno y el presupuesto”, lamenta la legisladora.

Para la diputada morenista, la existencia de esta omisión por parte de las autoridades estatales se traduce en que se está ponderando más los intereses económicos del sector empresarial que la salud de los niños en el estado. “Tal pareciera que están a favor de las grandes empresas y contra de la salud de los niños de Oaxaca, no sé hasta dónde tengan acuerdos”, señala.

De acuerdo con la impulsora de la reforma, una vez que está fue publicada en el Periódico Oficial de Oaxaca, era responsabilidad de los Servicios de Salud (SSO) identificar, de acuerdo con la Norma Oficial 051, los productos ultraprocesados que la reforma prohibía para su venta a los menores de edad.

Posteriormente, la dependencia estatal tendría que hacer una estrategia para hacer llegar esa información a la población de los 570 municipios y difundir campañas de comunicación sobre alimentación saludable, donde se advirtiera a la ciudadanía de los riesgo de comer estos productos chatarra. Por último, se auxiliaría con las autoridades municipales, pues tras un trabajo en conjunto, serían los ayuntamientos los que vigilarían que la legislación se cumpliera.

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Nada de eso sucedió.

Ante esta inacción de las autoridades, el 2 de marzo pasado la diputada Magaly López interpuso una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), dado que considera que se están violentando los derechos de la infancia al no ejecutarse la ley. Actualmente está en espera de que se emita una recomendación a la Secretaría de Salud estatal e incluso medidas cautelares, en caso de que el fallo se favorable.

De cualquier forma, afirma que no descarta recurrir a otras herramientas legales, como la denuncia y el amparo, para seguir luchando por la implementación de la ley.

“Este avance que tuvimos es muy importante por los niños y no debemos tirarlo por la borda (…) Nos está quedando a deber el gobierno estatal, considero que tenemos que seguir haciendo presión para que se priorice el interés superior de los niños y que se hagan efectivas nuestras leyes”.

Una ley de conciencia

Magaly López reconoce que por el momento la ley es letra muerta y que la información nunca llegó oficialmente a los comerciantes y tenderos. Incluso lamenta que en las grandes tiendas, donde desde la entrada en vigor se comenzó a avisar a los clientes la prohibición, la advertencia ya fue quitada o la han escondido.

“A los tenderos les hace falta información en un principio, al no llagarles no saben cómo actuar y a falta de información, no saben qué productos vender y que sí hay sanciones. En tiendas comerciales grandes, había  letreros que ahora están ocultos y muchos establecimiento los quitaron”, explica.

Pese a ello, la legisladora morenista asegura que esta legislación nunca tuvo una finalidad punitiva, sino de incentivar una educación alimentaria adecuada dentro de las familias y las comunidades, en un modelos muy similar a la venta de cigarro y bebidas alcohólicas a menores.

“Más que de sancionar, esta ley es de conciencia, de que estos productos no tienen valor nutrimental para los niños, al prohibirlos estamos evitando niños con enfermedades crónicas (…) es de conciencia, es similar a lo del cigarro y las bebidas alcohólicas”.

“Me he cansado de exhortar al secretario de Salud y al gobierno del estado.

Lamentablemente el tiempo avanza y no lo hacen. A un año, nada. Espero que con el tiempo, la gente vaya creando conciencia”, finaliza

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