La coordinadora del PRD en la Cámara de Diputados, Verónica Juárez Piña anunció y celebró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad promovida por diputadas y diputados de diferentes grupos parlamentarios, para evitar que se cobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) en la compra de productos de higiene femenina.
Cabe recordar que el pasado 30 de diciembre, 169 legisladoras y legisladores y la organización civil Menstruación Digna México presentaron una acción de inconstitucionalidad contra la decisión del Congreso de mantener el 16% de IVA, en los productos de gestión menstrual.
En su escrito, las y los diputados firmantes argumentaron que «México no puede seguir manteniendo una política fiscal sin perspectiva de género, que ignore la desigualdad económica hacia las mujeres y que reproduzca elementos discriminatorios a partir de diferencias biológicas».
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Juárez Piña recordó que durante la discusión de la Ley de Ingresos para 2021, el PRD demandó eliminar el ominoso IVA en la comercialización de productos de higiene femenina relacionados con la menstruación, sin embargo, fue rechazado.
En tribuna, Juárez Piña denunció entonces el incumplimiento de los partidos Morena y del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados para eliminar este gravamen que agravia a las mujeres y los responsabilizó de obligar a las mexicanas a seguir pagando tres mil millones de pesos más que los hombres por el único hecho de ser mujeres.
La coordinadora perredista explicó que entre los cambios que acordaron los grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados estaba la inclusión de una modificación al dictamen por la que se eliminaba el IVA a las toallas femeninas, copas, tampones, compresas y todo artículo destinado a la gestión menstrual.
Sin embargo, dijo, “Morena y PT decidieron traicionar ese compromiso y eliminaron del texto final el mencionado acuerdo por el que tasaba con tasa cero del IVA a esos productos, y así se envió al Senado”.
Por esa razón, se tomó la determinación de interponer la acción de inconstitucional que ahora la Corte admite a trámite.
La líder parlamentaria exhortó a la SCJN a rectificar esta anomalía, pues la gestión de la menstruación debe ser concebida como política pública para revertir la exclusión que sufren las mujeres durante sus períodos menstruales.
Precisó que muchas mujeres en pobreza y pobreza extrema no pueden adquirir los productos higiénicos que necesitan precisamente porque el IVA que deben pagar por ellos y, aunque sean unos cuantos pesos, estos hacen la diferencia entre comer o no comer.
“El IVA a toallas sanitarias es un impuesto discriminatorio que hace de la menstruación un factor que ahonda la pobreza y la inequidad de género”, concluyó.
Por su parte, la diputada de MC, Martha Tagle dijo en la presentación de esta impugnación ante la Corte, que, ahora le tocará a la Suprema Corte decidir sobre la “justicia menstrual y la equidad tributaria” para que se logre una política tributaria con enfoque de género.
“La menstruación es un proceso fisiológico que vivimos las mujeres, niñas, adolescentes por cerca de 40 años de nuestra vida. Es decir, más del 50% de la población de nuestro país requiere productos para gestionar la menstruación en un promedio de 3 a 5 días cada mes. La capacidad de acceder a productos para la gestión menstrual, así como el acceso a servicios de agua potable y a espacios adecuados para gestionar la menstruación de una forma segura, afecta la libertad para estudiar, trabajar y mantenerse saludable”, explicó Martha Tagle.
La legisladora de MC definió que no tener al alcance productos para gestionar la menstruación, educación menstrual y reproductiva, así como, enfrentar obstáculos para acceder al agua y saneamiento, y a una atención médica especializada, aunado al estigma social alrededor de la menstruación, coloca a millones de mujeres en condición de pobreza menstrual.
Explicó que, en promedio, una mujer gasta $720 pesos al año en toallas sanitarias, el equivalente al 5% del gasto de los hogares del decil más pobre del país. La situación de pobreza en la que viven 4 de cada 10 mujeres en México dificulta su acceso a una gestión menstrual digna. Las mujeres que viven en la pobreza gastan 2.5 veces más en productos de gestión menstrual que el 10% más rico de la población.