En ausencia del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió a la Cámara de Diputados erigida en Jurado de Procedencia aprobar el desafuero del mandatario estatal como presunto responsable de defraudación fiscal.
En representación del Ministerio Público, la fiscal Elizabeth Alcantar acusó además a García Cabeza de Vaca de amasar una fortuna de 951 millones de pesos en 30 propiedades ocultas en México y Estados Unidos.
La defensa del inculpado, encabezada por Alonso Aguilar Zínser, llamó a su vez desechar el dictamen que a su juicio no acredita delito alguno y sólo vulnera el principio de presunción de inocencia. Con la consigna “¡Basta de persecución política! ¡Alto al uso electoral de la justicia!”, diputados del PAN liderados por Juan Carlos Romero Hicks manifestaron su rechazo al desafuero del gobernador de Tamaulipas, por considerarlo un proceso sin fundamento legal para impactar en el resultado de las próximas elecciones.
“Hoy lo que tenemos que buscar es la verdad y la legalidad y nos lo dicen personas y me duele tener que decirlo. Nos vemos entre circo, Morena y teatro”, puntualizó Romero Hicks.
Previamente, el morenista Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, pidió al pleno avalar el desafuero de García Cabeza de Vaca, al subrayar que existen fuertes indicios para considerar que el gobernador de Tamaulipas declaró de manera fraudulenta el Impuesto Sobre la Renta (ISR) de 2019 y dejó de enterar al fisco 6.5 millones de pesos “La defraudación fiscal es una conducta frecuente en nuestro país, pero eso no debe llevar a considerar que no es trascendente ni tiene mucha importancia; defraudar al fisco es robar a la nación, porque los ingresos provienen de todos y deben regresar a través de la acción política, a la misma sociedad que los paga, que los aporta a un fondo común”, arengó.
En su turno, la legisladora priista Claudia Pastor, integrante de la Sección Instructora, denunció un indebido desahogo de pruebas en el caso y emplazó a respetar la Constitución, el estado de derecho y la legalidad, sin contribuir al deterioro de las instituciones. “Me opongo a retirar el fuero constitucional a un gobernador sin las pruebas necesarias, ni la urgencia, ni la gravedad para hacerlo; repongan el procedimiento, desahoguen las pruebas, permítanse la reflexión, ¡háganlo bien!”, puntualizó.