La Auditoría Superior de la Federación halló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tuvo irregularidades en el gasto de sólo el 0.18 por ciento del gasto auditado en materia de Tecnologías de Información y Comunicación.
En la segunda entrega de la Cuenta Pública 2021, detectó que la cancillería gastó más de un millón de pesos cuando no debía hacerlo, y necesita mejorar la gestión de sus servicios para pasaportes.
Según la ASF, de mil 76 millones de 311 mil pesos gastados en 2021, en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones, se auditó una muestra de poco más de la mitad, por 573 millones 663 mil pesos.
“La muestra auditada está integrada por tres contratos y dos convenios modificatorios, relacionados con el servicio para el desarrollo, actualización, mantenimiento y soporte de aplicaciones, así como los servicios integrales de apoyo para la migración y emisión del pasaporte mexicano electrónico”, se escribió en el informe.
Luego de que en 2020 detectó inconsistencias en gestión de contratos y en materia de ciberseguridad y continuidad de operaciones, en 2021 se analizaron tres contratos y dos convenios modificatorios, en materia de desarrollo para la Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación y Representaciones de México en el Exterior y modernización de servicios consulares.
En dos contratos firmados dentro del primer rubro, hubo irregularidades, como que no se demostró la capacidad humana del prestador de servicios ni hubo forma de comprobar la asistencia del personal asignado al trabajo, pero además, se pagaron un millón 85 mil pesos para un “administrador de proyectos de auxiliar” que debió correr por cuenta de la empresa.
En materia de modernización de servicios auxiliares no hubo coordinación interinstitucional, por lo que, por ejemplo, de 211 dispositivos utilizados para estos servicios en el extranjero, 17 estaban sin utilizar e incluso ocho de ellos en empaque, por los cuales se pagaron 47 mil pesos.
En general, la cancillería tuvo una calificación de nivel dos, de un rango del 0 al 5, en materia de gestión de TICs y el 21.4% de las prácticas tienen un bajo nivel de cumplimiento o es parcial, pero el 75 por ciento tuvieron un cumplimiento completo o total.
Tras el informe, se emitieron 10 recomendaciones, una promoción de responsabilidad administrativa sancionadora, por el tema de los equipos sin usar, y un pliego de observaciones.