Autoridades y líderes comunitarias, organizaciones sociales y activistas feministas, exigieron al gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, que vete la reforma a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado (LIPEEO) en la que se retrasa de manera indefinida la obligatoriedad para que en los municipios de sistemas normativos indígenas se garantice la paridad de género en la conformación de sus cabildos.
“Exigimos al Ejecutivo veto a esta reforma, no más simulación, no más espera, no más discursos sin acciones concretas y efectivas”, señalaron autoridades y lideresas comunitarias en uno de los varios pronunciamientos que comenzaron a circular desde ayer. También exigieron respeto y que se garanticen las acciones afirmativas de género eliminando cualquier forma de discriminación y exclusión histórica o estructural. “Las mujeres indígenas no somos incapaces; necesitamos que se garanticen nuestros derechos, no que se nos resten”, apuntaron.
Tanto las organizaciones como las autoridades, líderes comunitarias y activistas recordaron que la mayoría de diputadas y diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aprobaron modificar la LIPEEO que establecía como al año 2023 como plazo para tener gobiernos paritarios en los municipios indígenas de usos y costumbres.
Consideraron que esta nueva reforma en la que ahora se señala que debe ser de manera gradual los gobiernos municipales paritarios en los municipios que se rigen bajo sus propios sistemas, es un retroceso hacia los derechos políticos de las mujeres indígenas en Oaxaca.
“Esta reforma, representa una violación a los derechos humanos de las mujeres indígenas e implica un retroceso a los espacios ya ganados. Esta modificación a la ley, no reducirá la violencia, menos generará cambios estructurales a favor de las mujeres”.
De igual manera aseguraron que es falso el discurso que la paridad atenta contra la autonomía y libre determinación de los pueblos, y sostuvieron que detrás de este discurso se sigue impidiendo la participación de las mujeres, diferentes municipios con sistemas de cargos han mostrado que si se pueden ejercer estos dos derechos en armonía.
“El Congreso de Oaxaca, las servidoras y servidores públicos deben analizar la situación estructural que enfrentan las mujeres indígenas desde una perspectiva intercultural y de género, generando leyes, políticas públicas y presupuesto que materialice y garantice el ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas, entre ellos los políticos-electorales”.
También señalaron que las diputadas que fijaron postura para defender esta reforma “retrógrada” lo hagan desde un discurso racista y clasista.
“Que nos consideren como mujeres incapaces, ya que según ellas las mujeres que somos autoridades en nuestras comunidades, no tenemos capacidad de decisión, pues sólo obedecemos lo que nos dicen los “asesores” o porque no nos dejan participar en las asamblea, nos siguen mirando como personas incapaces, como si necesitamos tutelaje y protección especial, es la misma mirada colonialista que no se termina de erradicar”.
Entre las organizaciones firmantes están la Red de Abogadas Indígenas/capítulo-Oaxaca, la Red Nacional de Abogadas Indígenas, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, el Centro para los Derechos de la Mujer Naaxwiin (región Istmo), Mano Amiga de la Costa Chica y Luna del Sur.
Mientras que en otro procedimiento, en el que también se exige al Ejecutivo local que use su facultad de derecho al veto sobre dicha reforma, firmaron Feministas por los Derechos de las Mujeres.