La colombiana Ángela María Quintero Martínez promovió un amparo para tratar de obligar a la Fiscalía General de la República (FGR) que investigue a fondo los sucesos que ocurrieron tras la irrupción de la Policía Federal en la mansión donde vivía el capo Harold Mauricio Poveda Ortega, El Conejo, del cártel Norte del Valle, en el Desierto de Los Leones, en la Ciudad de México.
Tras el operativo los detenidos denunciaron a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) presuntos abusos sexuales contra mujeres y robo, delitos supuestamente cometidos por la Policía Federal que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública que encabezaba Genaro García Luna.
Lo anterior provocó que mandos de primer nivel fueran enviados a prisión, además de que se les señaló de trabajar para Jesús Reynaldo Zambada García, El Rey Zambada, hermano del capo y líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, enemigo de El Conejo, quien era socio de los hermanos Beltrán Leyva.
Luego de cuatro años de estar en la cárcel, los mandos y personal operativo fueron exonerados por jueces federales, al ponerse al descubierto que la PGR utilizó testigos protegidos que rindieron declaraciones falsas, que los ligaron con el narco. Ante el Ministerio Público Federal, Ángela María declaró ser joyera y médico de profesión, y denunció a los mandos policiacos por robar un lote de alhajas de casi 150 mil dólares.
El operativo se realizó la madrugada del 16 de octubre de 2008, donde estaban reunidos colombianos celebrando el cumpleaños de la novia de El Conejo, quien escapó con ayuda de elementos federales y fue aprehendido un mes después. No obstante, se logró detener a Carlos Augusto Poveda Bello; Mauricio Fina Restrepo, La Gaviota; Carlos Andrés Salazar Ortega Carlitos; Mauricio Muñoz Correa, La Gorda, Diego Domínguez Franco; Alejandro Brasesco Cardona, El Uruguayo, y Julio César Zafra Ortega.
Ángela María fue liberada junto con otras mujeres tras pasar por un arraigo, y fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración. Jesús Alberto Chávez Hernández, juez Décimo Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal, desechó la demanda de la sudamericana, por carecer de firma electrónica de la quejosa.
Ella busca que se indaguen los hechos relacionados con la averiguación previa PGR/SEIDO/UEIDCS/347/2008. La demanda de garantías fue interpuesta por Katy Doria Valdés Gómez en representación de Ángela María, pero el juez consideró que la petición no reúne los requisitos, “pues no se encuentra firmada electrónicamente, lo que constituye un requisito indispensable, pues sólo de esa manera se advertiría la manifestación inequívoca de la voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional de que se trata”, es decir, de tratar de obligar a la FGR que investigue el caso.