En 2015, integrantes de la entonces Policía Federal (PF) en Tamaulipas detuvieron a varias personas, acusadas de ser parte de la delincuencia organizada, quienes fueron torturados para obtener su confesión. Después de seis años, las investigaciones no han avanzado, por lo que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dirigió su Recomendación 18/2021, al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, para dar celeridad al caso.
En el documento de 76 hojas, la defensoría apuntó que las víctimas fueron aseguradas en el interior de sus domicilios, donde fueron golpeadas, para después ser trasladadas a las oficinas de la Fiscalía en la delegación de Tamaulipas, donde de nuevo fueron violentadas y los señaladas como integrantes de un grupo delincuencial.
“Los tiraron al suelo, les arrojaron agua y les dieron toques eléctricos en el cuerpo, esto, bajo amenaza de que no dijeran nada de lo ocurrido cuando fueron llevados a rendir su declaración y a revisión médica”, resaltó. Uno de los implicados dio a conocer que el 13 de enero de 2015, alrededor del mediodía llegaron a su domicilio elementos de la PF, “ahí lo golpearon entre siete y ocho personas vestidas de civiles que portaban armas largas y cortas, quitándole el pantalón para arrojarle agua y colocarle una chicharra” en los genitales.
Otra de las víctimas narró que al llegar a su casa en Tamaulipas lo golpearon e insultaron, para después sacarlo del domicilio, esposarlo. Acto seguido “empezaron a chicharrear, él les decía que no lo golpearan, que trabajaba como jornalero, que si querían los llevaba con su patrón”, pero los agentes siguieron con la tortura.
En seguida, ambos fueron llevados a las oficinas de la FGR, donde fueron separados, aunque confiados lo suficientemente cerca para escuchar los gritos del otro. “Tú sí vas a cooperar… ¿ves como está tu compañero? Queremos saber si trabajas para el cártel (…)”, acusaciones que la víctima negó en múltiples ocasiones.
En la investigación realizada por personal de la CNDH se concluyó que el personal de la PF que intervino en ese hecho no justificó “las lesiones que presentaban los agraviados, a pesar de asegurar que estos reconocieron pertenecer a un grupo de la delincuencia organizada y que las lesiones fueron ocasionadas durante el forcejeo que tuvieron al momento de su aseguramiento, toda vez que pretendieron darse a la fuga”.
La recomendación pide al titular de la Fiscalía General de la República (FGR) brindar atención psicológica a las víctimas y proporcionar equipos de videograbación y audio que permitan evidenciar las acciones que realizan en los operativos, así como capacitarlos en derechos humanos, “específicamente, sobre la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.