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Colectivos de Yucatán obtienen 3 suspensiones contra obras del Tren Maya

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La juez cuarto de distrito en Yucatán concedió la suspensión provisional de obras del Tren Maya, al admitir tres demandas de amparo presentadas por la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Múuch’ Xíinbal y el colectivo Chuun t’aan Maya, en contra de la aprobación de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) otorgada por Semarnat al Fonatur.

De esa forma, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) debe detener las obras del Tren Maya relativas al tramo tres, deteniendo “los trabajos de construcción que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies de animales autóctonas del territorio del Estado”, hasta que no se defina sobre una suspensión definitiva, dio a conocer la asociación civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos.

Los tres juicios de amparo, presentados el 20 de enero del presente año, impugnaron la constitucionalidad de la MIA aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)a favor del Fonatur para la construcción del tren, a través de tres puntos fundamentales.

Entre ellas se encuentra la violación al derecho a la información, puesto que las comunidades indígenas a las que pertenecen los manifestantes no tuvieron acceso en ningún momento a los estudios derivados de la MIA, es decir, a la información sobre los diversos impactos que el tren acarreará para el medioambiente y el territorio de esas comunidades.

La violación al derecho de información a las comunidades afectadas tuvo como consecuencia la vulneración de su derecho a la adecuada participación en la determinación de las implicaciones e impactos ambientales derivados del megaproyecto del Tren Maya, tal como lo ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

También, interfirió en la omisión de realizar una evaluación ambiental regional que incluya todo el estudio de los impactos del proyecto de forma integral y no seccionándolo por tramos, es decir, donde se determinaran los impactos acumulativos y sinérgicos o residuales ocasionados por el proyecto en su totalidad, y no de manera fraccionada como se ha hecho.

De esa forma, la asociación civil Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos sostuvo que frente a esas violaciones alegadas en las tres demandas de amparo, la juez cuarto determinó conceder las suspensiones respectivas.

“El acto reclamado consiste básicamente en la autorización de impacto ambiental, que, conforme a la ley de la materia, es la culminación de un proceso en el que se somete a criterio de la autoridad un catálogo de efectos que una obra puede llegar a generar sobre el medio ambiente”, indicó la juez.

De acuerdo con los abogados, dicha determinación implica un riesgo preponderante para el ejercicio del derecho a un medio ambiente adecuado por parte de los manifestantes y sus descendientes, ya que ese derecho tiende a proyectarse hacia el futuro, buscando que, a la par de la explotación de los recursos naturales para el bien de la generación actual, también se garantice el disfrute de tales recursos responsablemente.

“Se estima que es un tema de relevancia para la sociedad en general que se garantice un desarrollo sustentable, esto es, que sin que se impida el progreso de la comunidad existente, se salvaguarde una esperanza de progreso para quienes conformarán esa comunidad en un futuro más lejano”, indicó la juez.

Estas nuevas suspensiones, se suman a las que diversas comunidades de la península han obtenido en contra del proyecto del Tren Maya, “evidenciando una vez más que el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades mayas a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas del proceso de tomas de decisión sobre un proyecto que afecta y pone en riesgo su territorio y su integridad cultural”, sostuvo la organización.

Asimismo, resaltaron que resulta paradójico que, mientras el Ejecutivo Federal firma el Acuerdo de Escazú, que entre otras cosas establece la obligación de los Estados de garantizar el acceso a la información y la participación en materia ambiental a las comunidades indígenas, en los hechos haga todo lo contrario imponiendo un proyecto ambiental, social y culturalmente insostenible para esas comunidades.

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