Ciudad de México
Al margen de la regulación, dos de cada tres pesos que entran a las asociaciones civiles no tienen que ver con el objeto para el que fueron creadas, de acuerdo con información oficial.
Bajo la presunción de que hay dinero no transparente e incluso prácticas de evasión fiscal en estas figuras que suponen un fin asistencial, el gobierno federal propone aplicar y reforzar la legislación para revocarles la autorización en caso de incumplimiento de las normas.
En el Reporte de Donatarias Autorizadas 2019, publicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se informa que el año pasado estas figuras obtuvieron 200 mil 259 millones de pesos por tres conceptos. Los ingresos vinculados con el objeto social por el que obtuvieron autorización fueron por 20 mil 276 millones de pesos, 10.1 por ciento de lo percibido. Por donativos entraron 47 mil 659 millones pesos, 23.8 por ciento.
Sin embargo, el monto en el que se sostienen estas asociaciones civiles y filantrópicas son los ingresos no relacionados con su objeto social. El año pasado por este concepto entraron 132 mil 323 millones de pesos, equivalente a 66 por ciento de sus recursos. Es decir, dos de cada tres pesos que ingresaron, según la información oficial.
Ello, pese a que requieren autorización del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para que los recursos que reciban puedan ser deducidos por sus donantes del pago del impuesto sobre la renta (ISR).
La autoridad fiscal ha detectado prácticas que redundan en la evasión o elusión fiscales, subraya la Presidencia de la República en el proyecto de decreto, en el cual se enfilan algunas de las adecuaciones a la Ley Impuesto sobre la Renta, como parte de la miscelánea fiscal del próximo año, presentado la semana pasada al Congreso.
La manera en que se maneja la entrada de recursos en las asociaciones civiles ya contraviene lo que está por el momento en la legislación. El artículo 80 de la Ley de Impuesto Sobre la Renta acota que las entidades (como fundaciones o instituciones de asistencia) autorizadas para recibir donativos deducibles de impuestos sólo pueden ingresar 10 por ciento de recursos por actividades distintas de su objetivo.
Las asociaciones civiles y filantrópicas mexicanas ingresaron seis veces más el año pasado, según los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Además en sólo el rubro de donativos, no necesariamente existe simetría entre lo recibido por las donatarias autorizadas y la cantidad efectivamente deducida por parte de quienes los realizan, subrayó la dependencia en el reporte sobre 2019.
La propuesta del Ejecutivo es agregar un octavo párrafo a ese artículo 80 para que todas aquellas asociaciones cuyos ingresos rebasen 50 por ciento del monto para el que fueron creadas pierdan autorización, a efecto de evitar que estas entidades realicen actividades tendientes a obtener un lucro.
Además, con el objetivo de que el dinero no se pierda cuando se les quita la autorización, deberán integrarse los recursos y el patrimonio a otra asociación civil o filantrópica con la que comparta objetivo, el cual puede ser asistencial, educativo, de investigación o cultural, entre otros.
La autoridad detectó que cuando las donatarias cambiaban de residencia fiscal, se les revocaba la autorización o perdían el registro, mantenían su patrimonio a pesar de que ya no lo destinaban a los fines por los que fueron autorizadas para recibir donativos.
También se ha detectado que una vez que obtienen la autorización del SAT, las donatarias cambian su objeto social, destinando de manera incorrecta sus activos a otras actividades, incluso sin realizar la modificación destinan el dinero a otras acciones.
Por ello, se propone reformar las fracciones IV y V del artículo 83 de la Ley de Impuesto sobre la Renta para obligar a estas figuras a destinar la totalidad de sus activos al fin para el que se les autorizó recibir donativos y que al perder autorización no puedan seguir activas ni mantener patrimonio.
Con ello, también se contempla eliminar el requisito de certificación que debían llevar las donatarias, y que requerían un costo para éstas, debido a que el gobierno considera que las modificaciones que propone ayudarán a darles mejor seguimiento.
Esta nota originalmente se publicó en La Jornada
