El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) dio a conocer que luego de cuatro años de lucha, se consiguió que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) emitiera un decreto que deja sin efectos uno anterior, de 2018, en el que se levantó la veda sobre cuencas y ríos de la Región Hidrológica número 20.
De esta manera, quedan nuevamente protegidos los cuerpos acuíferos que desde 2018 quedaron abiertos “al servicio de particulares o empresas que quisieran hacer uso y explotación de las aguas sin el consentimiento de los pueblos y comunidades originarias que habitan en esos territorios”, señaló la organización en un comunicado.
“Es una sentencia histórica dado que establece que los derechos indígenas son derechos reconocidos nacional e internacionalmente y deja precedente para que las autoridades estatales y federales respeten el derecho de los pueblos indígenas ante temas de derechos territoriales, del derecho al agua y los bienes naturales”, dijo.
Detalló que el expresidente Enrique Peña Nieto, entonces en funciones, emitió un decreto de levantamiento de veda para diversas cuencas del país, entre las que se encontraba la Región Hidrológica 20, a la que pertenece el río Verde.
Con esta determinación, explicó la Copudever, se puso en peligro 70% de las cuencas, las cuales quedaron desprotegidas ante la explotación y aprovechamiento para cualquier uso, incluyendo el sector industrial y extractivo.
No obstante, el 3 de mayo pasado fue publicado un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF), en el que se deja sin efectos el decreto del 6 de junio de 2018; no obstante, fue hasta este día que la organización dio a conocer esta información.
También recordó que desde 2018, la organización interpuso un amparo y obtuvo una medida de suspensión, lo que evitó que se otorgaran concesiones en la región -a pesar del decreto de veda publicado-, situación que significó un primer triunfo para el movimiento.
Foto: Copudever
“Un segundo triunfo sería el haber conseguido que para cualquier medida legislativa o administrativa que el Estado quiera tomar, deberá consultar previamente a los pueblos indígenas y respetar el derecho a la libre determinación y el derecho a la autonomía, los sistemas normativos internos de las comunidades, así como las decisiones de las asambleas”, explicó.
El Copudever es una organización regional de pueblos, municipios, ejidos, comunidades y organizaciones de la sierra sur y costa oaxaqueña donde participan pueblos chatinos, mixtecos, afromexicanos, organizaciones, comunidades de municipios afectados por proyectos de presas.
Uno de ellos, promovido por el gobierno y promovido a través de la Comisión Federal de Electricidad, es el denominado “Aprovechamiento hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina” o “Presa Paso de la Reina”.
Este proyecto fue proyectado desde la década de los 60 del siglo pasado, pero dado a conocer en 2006, en pleno contexto del conflicto social en Oaxaca.
La construcción estaba prevista con una cortina de 155 metros de altura, abarcando una superficie de 2 mil 468 hectáreas, afectando a más de cuarenta comunidades de seis municipios de las regiones de la Costa y Sierra Sur de Oaxaca, entre ellos: Santiago Jamiltepec, Santiago Ixtayutla, Tataltepec de Valdés, Santiago Tetepec, Santa Cruz Zenzontepec y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo.