La acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa, aprobada en febrero por el Congreso de la Unión, fue admitida a trámite por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La ministra Margarita Ríos Farjat admitió a trámite el recurso y dio un plazo de 15 días al Ejecutivo Federal y al Congreso de la Unión para que por conducto de sus representantes legales rindan sus respectivos informes .
En febrero pasado, el Senado aprobó la minuta de la Cámara de Diputados de reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales y diversas leyes para aplicar prisión preventiva oficiosa a otros delitos considerados graves como feminicidio, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol.
Estas reformas fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 19 de febrero de 2021, por el Ejecutivo federal, para su entrada en vigor.
Para la CNDH, estas reformas violan las garantías constitucionales del debido proceso y la presunción de inocencia de las personas, “en virtud de que las disposiciones reclamadas ordenan que las personas deberán ser privadas cautelarmente de su libertad, aun cuando no se ha ventilado un proceso con las formalidades correspondientes y sin que se demuestre con las pruebas pertinentes y suficientes su culpabilidad en la participación o comisión de una conducta delictiva”.