La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) dictó medidas cautelares a favor del periodista Javier Santiago, ocurrida la noche de ayer, a través de las cuales solicitó a las autoridades protección para el comunicador.
Tras condenar la agresión cometida contra el periodista, el organismo autónomo informó que brindó acompañamiento al comunicador en el lugar donde recibió atención médica, y afirmó que mantendrá el respaldo para proteger sus derechos humanos.
“Este tipo de actos de violencia son un atentado en contra de la libertad de expresión y la labor informativa que realizan las y los periodistas”, informó la Defensoría, por lo que inició el expediente de queja DDHPO/0268/(01)/OAX/2021.
Mediante dicho instrumento, solicitó a la Secretaría de Salud garantizar que el periodista Javier Santiago tenga acceso a atención médica con calidad y calidez, mientras que a la Secretaría de Seguridad Pública le solicitó que elementos de esa institución realicen labores de protección y seguridad, para evitar acciones en contra de su integridad física que provoquen daños de difícil o imposible reparación.
A la Fiscalía General del Estado le requirió medidas de protección, definidas conforme a un análisis de riesgo, además de que realice “una investigación del hecho delictivo conforme a los principios de la debida diligencia, a fin de que se pueda llevar a los perpetradores a juicio y con ello se haga justicia para que este tipo de actos no queden en la impunidad”.
Para la Defensoría, señaló, es importante recordar que los ataques y agresiones en contra de los periodistas afectan a toda la sociedad, pues el derecho a la información es un derecho clave que permite la construcción y fortalecimiento democrático de un país.
El organismo autónomo informó que de 2015 a 2020, inició 270 investigaciones derivadas de quejas o cuadernos de antecedentes relacionados con violaciones a derechos humanos cometidas contra periodistas en la entidad.
Mientras que en lo que va del 2021 ha registrado dos expedientes, lo que hace evidente “la necesidad de garantizar su seguridad y libertad al trabajar informando a la sociedad, pero además la importancia de combatir la impunidad y garantizar el acceso a la justicia en estos casos”.