El partido Morena en la 64 Legislatura en el Congreso del Estado desechó la iniciativa de reforma electoral para que el próximo gobernador de Oaxaca ejerza por un periodo de dos años con el fin de homologar los procesos electorales locales con los federales.
En un comunicado, el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la fracción parlamentaria de Morena, Fredie Delfín Avendaño, informó que ya no se discutirá en la actual legislatura la reforma electoral para tener un gobernador por dos años.
Esto, explicó, porque el plazo para realizar cualquier reforma venció la primera semana de junio; por tanto, el próximo Gobernador de Oaxaca tendrá un mandato de seis años.
La iniciativa de reforma electoral fue presentada por el fallecido diputado local de Morena, Othón Cuevas Córdova, para que el próximo gobernador de Oaxaca dure únicamente dos años en el cargo para “empatar” los procesos electorales.
La intención, según detalló en su propuesta, es estar en posibilidad de la concurrencia con los comicios federales de todas las elecciones locales, estipulando que por única ocasión la gobernadora o gobernador que se elija el primer domingo de junio del año 2022, iniciará su periodo el 1 de diciembre de 2022, y concluirá el 30 de noviembre de 2024.
En la iniciativa también incluía la reducción de diputados en el Congreso del Estado de Oaxaca en el próximo proceso electoral.
Contempla disminuir 12 diputaciones locales designadas por el principio de representación proporcional o plurinominales, quedando las 25 diputaciones destinadas para los candidatos electos en las urnas y sólo cinco más distribuidas en los partidos políticos menos beneficiados en las votaciones.
“Dichas modificaciones deben incluir ahora la reducción en el número de legisladoras, que los representantes populares busquen otros puestos de esta índole y que la próxima gubernatura sea por un periodo de dos años”, señalaba la iniciativa.
Además, la propuesta prohibía que representantes populares estatales y federales aspiren a otro cargo de esta índole, al ser incorporados en un catálogo de ciudadanos que se encuentran impedidos para ser electos, salvo que se separen con una determinada temporalidad.
Fredie Delfín explicó que la actual ley electoral establece que podrá realizarse cualquier cambio a la normatividad en la materia, hasta 90 días antes de iniciar el proceso electoral, fijado para la primera semana de septiembre próximo.
“Sin embargo, la iniciativa presentada en mayo pasado -para homologar las elecciones locales, federales y municipales en el 2024, dejando un gobierno de dos años- quedó en el intento, pues no hubo consenso y se rebasaron los plazos fatales”, dijo.
Y adelantó que a causa de la pandemia del Covid-19 es probable que obliguen al Congreso del estado nuevamente a posponer el inicio del proceso electoral, como sucedió en las elecciones 2020-2021.