Marco Antonio Pérez Olvera, presidente del Comisariado Ejidal de Tuxtepec “Roberto Colorado” informó que buscan ante el Tribunal Agrario Unitario (TAU) recuperar 32 hectáreas de terreno que le fueron expropiadas al ejido y entregadas al ayuntamiento de Tuxtepec, durante el gobierno de Diódoro Carrasco Altamirano.
Sostuvo que el próximo 23 de febrero tendrán una audiencia ante el TAU y mostrarán los planos territoriales que datan del año 1938, en el que se aprecia la totalidad del ejido de Tuxtepec y el decreto firmado en 1986, donde les arrebataron a los pobladores 250 de 282 hectáreas correspondientes a los predios conocidos como El Flamenco y El Castillo, terrenos extensos que se encuentran en la riviera del Río Papaloapan y bordean el municipio cuenqueño.
Las últimas 32 hectáreas que conservaron tras el despojo de dicho ejido son las que fueron expropiadas por el exgobernador y ahora buscan recuperar ante el tribunal agrario.
Dicha audiencia, indicó el también maestro en derecho constitucional, se hará frente autoridades de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y el gobierno municipal de Tuxtepec. Pese a que este último se ha deslindado del conflicto, existen documentos que prueban la intromisión del gobierno local en las últimas tres administraciones para quedarse con esos terrenos y obtener de ellos un millonario pago predial en el futuro.
“Tenemos el respaldo de 52 colonias ejidales y los 536 ejidatarios que integran el comisariado ejidal. Antes el gobierno se aprovechó de que había representantes sin estudios y sin vocación de servicio, y los engañaron o los hicieron firmar para que fueran vendiendo sus terrenos, la pregunta es si la asamblea no aprobó la venta de terrenos ¿quién lo hizo?”, cuestiona el representante comunal.
Pérez Olvera afirma que el interés del gobierno del estado y municipal sólo es el dinero y no les importa el proceso histórico y de lucha que hay detrás de las tierras comunales o el valor del ejido, donde la mayoría de los dueños son tuxtepecanos de nacimiento, de varias generaciones, que se remontan a la época revolucionaria y se oponían a los latifundios y al despojo de tierras, como ahora.
Un botín de dinero en pago predial
“Antes los ejidatarios pagaban 60 pesos anuales por su predio al municipio, ahora con el pretexto de la “certeza jurídica”, buscan que paguen entre 7 mil y 12 mil pesos anuales cada uno de los ejidatarios que son de escasos recursos, son maniobras que están operando a través la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra Urbana del Estado de Oaxaca (Coreturo)”, explicó el también especialista en derechos humanos.
Además de este conflicto que vienen arrastrando por varios años, acusa que se han tenido que defender de acciones del ayuntamiento de Tuxtepec, pero no van a permitir que se adueñen de las tierras del ejido, “en el mes de diciembre el presidente de Tuxtepec Irineo Molina (Morena), envió al Congreso de Oaxaca una reforma para modificar el Artículo 16, que señala que “son sujetos de impuestos las personas físicas o morales propietarios o poseedoras de predios urbanos, rústicos, ejidales, comunales, así como bienes inmuebles de características especiales en términos de la presente Ley”.
Con esto, afirma, querían cobrar un impuesto predial al ejido, retroactivo, a comuneros de escasos recursos, con lotes de 10 por 20 metros, “pues los iban a obligar a pagar hasta 15 mil pesos, cuando el ayuntamiento no tiene nada que ver, ni puede meterse en tierras ejidales”, expone.