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El grupo de Claudio X. ha usado el derecho como obstáculo, asegura Jaime Cárdenas

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El abogado y académico Jaime Cárdenas sostuvo que Claudio X. González encabeza un sector opositor al Presidente Andrés Manuel López Obrador que busca hacer fracasar su proyecto político, y con este las megaobras insignia del Gobierno federal como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles. 

Hay un sector económico, académico y político, encabezado por Claudio X. González, que se ha opuesto al Presidente Andrés Manuel López Obrador y su proyecto político a través de instrumentos jurídicos para frenar sus obras, aseguró el académico Jaime Cárdenas al hablar sobre el acuerdo publicado para blindar los megaproyectos en este sexenio.

“Yo creo que Claudio X. González y su grupo están utilizando el derecho como un obstáculo al cambio social, están usando al derecho como un instrumento para mantener las condiciones de un estatus quo, pero el derecho no puede ser usado para detener un cambio político de una Nación, el derecho debe permitir la progresividad, el avance social, debe de remover obstáculos para igualar las condiciones sociales, pero este grupo en el poder económico ha empleado durante el sexenio el derecho como obstáculo, como mecanismos para detener los proyectos de la Cuarta Transformación”, dijo el abogado en entrevista para el programa Los Periodistas, conducido por Alejandro Páez y Álvaro Delgado.

Jaime Cárdenas explicó que se trata de un doble análisis de este acuerdo:

“Uno es político en donde hay un sector económico, académico y político que se ha opuesto al Presidente promoviendo amparos para defender sus obras insignia para recurrir leyes, decretos que interesa al Gobierno de la Cuarta Transformación, es un dato que no podemos eludir, sí hay una intencionalidad, no solamente jurídica. No se trata de decir somos juristas y vamos a establecer cuáles decretos o reformas que propone el Presidente son contrarias a los tratados, este grupo adversario del Presidente pretende que él y su proyecto político fracase y para eso usan todas las armas a su alcance, incluyendo los instrumentos jurídicos”.

El lunes, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF), apareció un acuerdo “en relación con los proyectos y obras del Gobierno de México considerados de interés público y seguridad nacional, así como prioritarios y estratégicos para el desarrollo nacional”.

Este acuerdo fue rápidamente tachado por la oposición de incentivar la opacidad, mientras que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) anunció que ya está analizando si el acuerdo “vulnera el derecho de acceso a la información”.

Además, este martes José Miguel Vivanco, director ejecutivo de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, denunció en Twitter a raíz de este acuerdo que “cada día es más evidente que Andrés Manuel López Obrador cree estar por encima de la ley”.

“Ordenó por decreto, que todos sus proyectos favoritos reciban permisos, sin cumplir con los estudios requeridos y que sean considerados ‘de seguridad nacional’ —exentos de la ley de transparencia”, advirtió Vivanco.

Sin embargo, este martes el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el acuerdo publicado busca blindar las obras de su administración de los amparos promovidos por los empresarios Claudio X. González y su hijo, Claudio X. González Guajardo, así como del exministro José Ramón Cossío, quien asesora legalmente al grupo opositor.

“¿Cuántos días nos faltan para terminar el Aeropuerto Felipe Ángeles? Como 120 días más o menos. ¿Se imaginan si a Claudio X. González, papá e hijo –porque actúan de manera coordinada y conjunta–, junto con el exministro Cossío, se les ocurre que hay que meter un amparo para detener la obra porque está muy lejos el aeropuerto [Felipe Ángeles]?”, preguntó durante su habitual conferencia de prensa matutina.

 

Para Cárdenas, el acuerdo del día 22 sí presenta algunos problema que son delicados: el artículos sexto de la Constitución, que se refiere al derecho a la información y el artículo 134 que alude a las adquisiciones y contratos públicos.

“Este acuerdo lo que hace es colocarse al margen del artículo 6 y 134 para facilitar la expeditez de las obras como el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucia. El acuerdo habla de un plazo expedito de cinco días”, dijo.

“Desde luego se trata de un acuerdo muy heterodoxo jurídicamente, todo esto debió haberse realizado, desde mi punto de vista, mediante reformas a las leyes y la Constitución, no a través de un acuerdo administrativo, pero se ve que el tiempo apremia y por eso el Presidente y su Gabinete escogieron esta vía para actuar y desde luego puede haber consecuencias jurídicas. Se pueden promover controversias a cargo del INAI y la Cofece, aunque yo creo que no tendrán éxito porque no se resuelven de un día para otro”, agregó el académico.

Jaime Cárdenas señaló que como el acuerdo dice que se trata de interés público y seguridad nacional, seguramente los jueces no otorgarán las suspensiones provisionales y eso permitirá al Gobierno concluir las obras que ha ofrecido a la ciudadanía. “Los amparos y controversias constitucionales podrían quedar sin materia”.

El Tren Maya, la refinería de Dos Bocas o el aeropuerto Felipe Ángeles -el nuevo aeropuerto capitalino- son algunas de las principales obras del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

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