La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) informó que el mundo no está en camino de cumplir los objetivos climáticos a largo plazo del Acuerdo de París, según la primera evaluación oficial que se ha publicado al respecto.
«En contra de lo pronosticado», el Acuerdo de París ha facilitado contribuciones «casi universales» contra el cambio climático, las cuales «han reducido de forma significativa las previsiones de calentamiento futuro», afirma el informe técnico publicado por el organismo con sede en Bonn (Alemania).
Sin embargo, «el mundo no está en camino» de cumplir los objetivos a largo plazo de limitar el calentamiento global a un máximo de 1.5 ºC por encima del nivel preindustrial, señala el documento, que sienta las bases para que en la próxima COP28 en Dubái se complete la primera ronda de la evaluación conocida como balance mundial (Global Stocktake).
Las emisiones globales no están en línea con los modelos de mitigación que permiten alcanzar dichos objetivos y la ventana de oportunidad para implementar los compromisos existentes «se está cerrando rápidamente», advierte.
Con base en los objetivos nacionales actuales, el informe estima que en 2030 la discrepancia entre las emisiones estipuladas y las que serían necesarias para limitar el calentamiento global será del equivalente a entre 20.3 y 23.9 gigatoneladas de dióxido de carbono.
A nivel nacional, es necesario incrementar las ambiciones a la hora de implementar las medidas de mitigación.
Así, lograr el cero en emisiones de CO2 y de gases de efecto invernadero solo es posible a través de una transformación sistémica de todos los sectores, que pase por el abandono de los combustibles fósiles y el fomento de las energías renovables, entre otros pasos.
En el ámbito de las pérdidas y daños causados por el cambio del clima, el informe señala que es necesario actuar con urgencia para reducir su impacto, en particular sobre aquellos que están menos preparados para la transformación y son menos capaces de recuperarse de los desastres naturales.
No obstante, hasta la fecha la mayor parte de políticas de adaptación que se han observado «están fragmentadas y son incrementales, específicas por sectores y están distribuidas de forma desigual entre distintas regiones».
En el terreno de la implementación, el informe recalca que es necesario movilizar con mayor rapidez recursos para apoyar la acción climática en los países en vías de desarrollo y aumentar la cooperación en el desarrollo de tecnologías limpias.
El informe se basa en datos suministrados por los países miembros y por organizaciones como el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), los cuales fueron sintetizados en 17 puntos clave.
Forma parte del proceso conocido como balance mundial cuya primera ronda concluirá el próximo mes de diciembre en Dubái, donde más de 200 países evaluarán en la COP28 los avances logrados hasta ahora.
«Hace falta un enfoque de toda la sociedad porque la ventana de oportunidad se está cerrando a una velocidad bastante rápida», declaró el vicepresidente del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, Mohammad Tariq, en una rueda de prensa virtual.
Tariq recalcó que deben implicarse los sectores público y privado, el mundo académico y la sociedad civil, entre otros, en lo que constituye «la única vía hacia adelante», ya que de lo contrario las consecuencias de la crisis climática serán tales que nadie podrá controlarlas.
Por su parte, Tom Evans, experto en política climática del think tank EG3, comentó que, con este informe en la mano, los gobiernos que acudirán a la COP28 «tienen puestos los deberes».
«En Dubái, los países deben acordar un ambicioso paquete de medidas que puedan constituir un plan de respuesta rápida para que las recomendaciones del informe se conviertan en realidad», declaró, según un comunicado.
El Acuerdo de París de 2015 establece que la primera evaluación sobre los progresos logrados se produzca en 2023 y después cada cinco años.
Este primer balance debe influir a su vez en los nuevos objetivos nacionales de reducción de emisiones que los países deben presentar en 2025.