Con 22 votos a favor y diez en contra, la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados aprobó en sesión semipresencial el proyecto de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica que, entre otros aspectos, prevé dar prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobre los generadores privados para “alimentar” el sistema eléctrico nacional.
El orden propuesto para el despacho de las centrales eléctricas pone en primer lugar las plantas hidroeléctricas de la CFE, seguidas por la nuclear, geotérmicas, de ciclo combinado y termoeléctricas de la empresa pública, dejando en tercer sitio a las eólicas y solares de inversionistas privados, mientras las plantas de ciclos combinados de particulares quedarían hasta el final.
Avalado por la mayoría parlamentaria de Morena, PT y PES, con los votos del bloque opositor (PAN, PRI, MC y PRD) y el PVEM en contra, el dictamen fue turnado a la Mesa Directiva en el Palacio de San Lázaro para ser discutido y votado en el pleno el próximo martes 23 de febrero.
Con esta reforma, el presidente Andrés Manuel López Obrador busca el rescate y fortalecimiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sin concederle un trato preferencial en detrimento de los competidores privados.
El dictamen avala en sus términos la modificación del orden de los generadores de energía para alimentar el sistema eléctrico nacional, dando prioridad a la CFE sobre los particulares.
El mecanismo propuesto para el despacho de las centrales eléctricas pondría en primer lugar las plantas hidroeléctricas de la CFE, seguidas por la nuclear, geotérmicas, ciclos combinados y termoeléctricas de la empresa, dejando en tercer sitio a las eólicas y solares de inversionistas privados, y hasta el final las de ciclos combinados de particulares y generadores de otras tecnologías.
Asimismo, el proyecto de ley prevé eliminar la obligación de comprar a particulares, por medio de subastas, la energía adicional para garantizar cobertura, por considerarlo “una perversa maquinación ideada con el único propósito de garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de la CFE”.
Del mismo modo, obliga a la Comisión Reguladora de Energía a invalidar los permisos de autoabastecimiento y sus modificaciones que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley, previo al desahogo del procedimiento administrativo de audiencia que legalmente corresponda.