En la víspera del Grito de Independencia a celebrarse este 15 de septiembre en el Centro Histórico de la capital oaxaqueña, integrantes de distintas organizaciones sociales tomaron el zócalo de la ciudad, cerraron accesos e impidieron la apertura de negocios y restaurantes.
Estas acciones forman parte de una jornada indefinida de protestas encabezadas por el Frente de Organizaciones Oaxaqueñas (Foro) que comenzaron este martes, cuyos integrantes exigen respuesta a peticiones de carácter social. A dichas manifestaciones se suman los bloqueos de vialidades que se mantienen en distintos puntos de la ciudad, como el crucero de Cinco Señores y el crucero del ADO.
En total suman una veintena las organizaciones que protestan este miércoles en la capital de Oaxaca.
Este frente está integrado por una alianza de más de una decena de organizaciones indígenas, campesinas y populares, que aseguran que sus protestas buscan justicia y solución a demandas legítimas de los pueblos.
Desde la madrugada, este miércoles integrantes de organizaciones sociales tomaron el zócalo capitalino y la Alameda de León y se instalaron en los portales de ambos costados de la plaza, impidiendo a los dueños de negocios y restaurantes la apertura al público.
En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató que dentro de los negocios hay empleados quienes permanecen en los locales para resguardarlos.
A través de redes sociales los dueños de estos establecimientos informaron que se les pidió el paso mediante la colocación de vallas en los accesos del zócalo y lamentaron que las autoridades estatales no hayan intervenido hasta el momento.
“Al parecer los manifestantes se cansaron de negociar. Hoy no nos permiten entrar a trabajar al Terranova Oaxaca ni entrar al zócalo. ¿Alguna solución?, cuestionó uno de los empresarios a través de Twitter.
A través de un comunicado, las organizaciones sociales acusaron que Oaxaca vive un proceso de militarización para imponer megaproyectos del gobierno federal, por lo que denuncian persecución y hostigamiento a activistas y defensores de derechos humanos y del territorio, además de criminalización de la protesta social.
En sus exigencias, las organizaciones piden al gobierno de Oaxaca la “reparación integral e inmediata del daño” causado al activista Freddy Omar García, quien es catalogado como expreso político, luego de estar preso por homicidio y ser absuelto y dejado en libertad en junio de 2022.
También piden justicia por el asesinato de cinco integrantes del Comité de Defensa de los Pueblos Indígenas (Codedi) en diferentes fechas de 2018, así como por el crimen de Catarino Torres, ocurrido en 2010 y que sigue impune.
Exigieron además alto al hostigamiento a la comunidad zapoteca de Puente Madera, que se opone la construcción de un parque industrial del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y justicia por una serie de asesinatos de activistas y luchadores sociales que se remontan hasta 2006, así como otras peticiones de justicia y sociales.
Ante ello, las organizaciones advirtieron que mantendrán una jornada de protestas en distintas regiones del estado, así como un plantón indefinido en la capital del estado. “No nos retiraremos hasta que estas demandas sean cumplidas”, afirmaron.
A estas protestas se suman las que mantiene la Coalición Obrera, Campesina, Estudiantil del Istmo (Cocei), que se mantiene en plantón en el crucero del ADO, así como las que realiza el movimiento Lubizha.
Además, este miércoles profesores jubilados pertenecientes a la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon desde la Fuente de las 8 Regiones al zócalo capitalino para exigir pago de bonos, aguinaldo de 90 días, mejoras en la atención médica del ISSSTE y que su pensiones sean pagadas en salarios mínimos y no en UMAS.
Consultada por EL UNIVERSAL, la Secretaría General de Gobierno (Segego) señaló que se mantiene el diálogo con las diversas organizaciones sociales que protestan en la ciudad de Oaxaca e informó que desde el día lunes distintos grupos se han acercado a la dependencia para presentar sus exigencias.
A través de su vocería, la Segego destacó que se logró liberar la carretera a Tlacolula, que estuvo cerrada por protestas de Teotitlán del Valle; sin embargo, reconoció que se rompieron las mesas de diálogo el día de ayer con las organizaciones que se instalaron en el zócalo, pero señaló que se está en la mejor disposición gubernamental para retomarlo.
La Segego descartó que se vayan a tomar otras acciones ante las protestas y se apuesta sólo al diálogo; no obstante, reconoció que hay exigencias que sobrepasan al gobierno estatal sobre todo por los tiempos.
Ayer, la titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca (SSPO), Dalia Bolaños Noyola, aseguró que la dependencia es respetuosa de los derechos humanos y abierta al diálogo. Por ello, aseguró que la fuerza pública ha sido el último de los recursos, por lo que condena cualquier acto de violencia ejercido contra ciudadanos.
“Exhortamos a las organizaciones que mantienen afectaciones en las vialidades de la ciudad a que se conduzcan en el marco del diálogo y la legalidad, observando siempre el respeto a los derechos humanos de las y los oaxaqueños”, dijo.
Sobre las protestas de este miércoles, la SSPO aseguró que en la capital del estado la circulación vial se encuentra fluyendo al 95%.