La jueza de control, Nora Aida Espino Aguirre, rechazó una camioneta que ofreció como garantía la ex diputada y ex líder estatal del PVEM, María Ávila Serna, para enfrentar el proceso que se le sigue por el delito de cohecho, luego de que presuntamente recibió casi 4 millones de pesos del ex gobernador César Duarte.
“Exhibió una camioneta marca Chevrolet, línea Suburban, modelo 2016, valuada en 600 mil pesos, cuyo valor no reúne los requisitos de los artículos 24 y 25 de la Ley de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales. Además, el vehículo presentaba adeudo vehicular, ya que la tarjeta de circulación estaba vigente hasta el 2019. “Para que pueda ser aceptada, debe tener un valor de dos tantos más de la garantía económica que le fue fijada como medida cautelar, en 500 mil pesos, por lo que debe tener un valor de al menos 1 millón 500 mil pesos”, apuntó la Fiscalía General del Estado (FGE).
Durante la audiencia que se realizó en una de las salas del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), con la presencia de la ex legisladora, la jueza otorgó una prórroga de dos semanas para que la imputada cumpla con la garantía económica. Ávila Serna, al igual que la candidata a la gubernatura por el PAN, Maru Campos Galván y Rodrigo de la Rosa, presuntamente recibió recursos de la ‘nómina secreta’ del ex gobernador César Duarte Jáquez, a quien, como diputados locales, le avalaron diversas iniciativas.
Candidata a la gubernatura ofrece residencia de más de 6 millones El viernes, Campos Galván ofreció su residencia en el fraccionamiento Residencial Bosques de San Francisco, valuada en 6 millones 822 mil 917 pesos, como garantía económica de 1 millón de pesos, que le fue fijada.
El 2 de abril, el juez de Control, Samuel Mendoza Rodríguez, dictó auto de vinculación a proceso en contra de los ex diputados Maru Campos y su colega César Jáuregui Moreno porque supuestamente recibieron más de 9 millones de pesos; mientras que Rodrigo de la Rosa habría recibido más de 2 millones 500 mil pesos y Ávila Serna más de 3.8 millones de pesos.
“Los pagos ilegales provenían de la “nómina secreta”, uno de varios mecanismos para el desvío de recursos públicos y que el ex gobernador utilizó para comprar favores y lealtades de políticos, empresarios, religiosos y periodistas. “Mientras concluye la investigación, se les impuso a las exdiputadas y al exdiputado, las siguientes medidas cautelares: prohibición de salir del país, entregar sus pasaportes, una garantía económica por 500 mil pesos aplicable a cada uno de los imputados, además de no tener comunicación o contacto alguno con los testigos del caso”, concluyó la FGE.
El gobernador Javier Corral Jurado dijo que “es importante que la sociedad chihuahuense esté muy atenta para exigir que la siguiente administración continúe el proceso de la Operación Justicia para Chihuahua, para recuperar los recursos que le fueron robados y que representan miles de millones de pesos».
“Todo eso se puede perder si viene un gobierno que decida simplemente no contestar un oficio, dejar de hacer, dejar pasar, no meterse a pelear los asuntos, o sea, alguien que no le quiera mover”, dijo en una conferencia de prensa en Ciudad Juárez.