La dependencia que encabeza el fiscal Alejandro Gertz Manero calificó la resolución de Gerardo Alarcón López, juez de control del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Norte, de “ilícita, injusta y notoriamente parcial”.
Indicó que al decretar la suspensión del procedimiento en contra de Emilio Lozoya violó flagrantemente el Código Nacional de Procedimientos Penales, en lo que señalan los artículos del 186 al 190.
Además, viola preceptos terminantes de la Ley de Amparo y del Código Nacional, lo que produce un grave daño a las víctimas y una ventaja indebida al procesado.
“Dicha determinación viola el Código Nacional de Procedimientos Penales, en los artículos mencionados, por las razones siguientes:
“Dio por reparado el daño que causó Alonso ‘A’ (Ancira Elizondo), lo cual no se ha cumplido íntegramente, ni ha sido aceptado explícitamente por las víctimas, de la venta en un precio abusivo e ilegal, de la planta industrial Agronitrogenados a Pemex, dirigida en ese entonces por Emilio ‘L’ (Lozoya).
La representación social manifestó que, el juez, en su determinación, se sustentó indebidamente en una tesis aislada sobre delitos que son diferentes a los de este caso y la cual no genera derechos, al corresponder a un circuito judicial de Querétaro que no es aplicable obligatoriamente en la Ciudad de México.
“En cambio, el juez si actuó ilegalmente, al omitir su obligación indeclinable de fundar y motivar en la ley y en la jurisprudencia vigentes, su acuerdo; ya que los artículos correspondientes del Código Nacional no establecen, en modo alguno, que un acuerdo para uno de los imputados de un delito le beneficie al resto de los involucrados».“Dicho Juez, asimismo, omitió señalar que Emilio ‘L’, no ha celebrado acuerdo reparatorio alguno con las víctimas, como lo establece el artículo 189 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dejándolas en estado de indefensión en los términos de lo señalado por el artículo 20 de la Constitución y 109 de dicho Código Nacional”.Reiteró que el empresario Alonso Ancira, ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) se le procesó por haber vendido a Pemex, “de manera abusiva”, una planta industrial en un valor “desmesurado e injusto”. Y a Emilio Lozoya se le imputa haber recibido un soborno de cerca de 4 millones de dólares, con los que compró ilegalmente un inmueble de alto lujo, cometiendo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El pasado 31 de agosto, Emilio Lozoya logró vencer a FGR sin pagar un dólar, caso donde el gobierno federal pretendía una reparación del daño por 20 millones de dólares, diez millones menos que lo solicitado en julio de este año.