José Rivas González, juez de control del Centro de Justicia Penal en el Reclusorio Norte, presidirá la audiencia programada a las 12:00 horas, donde el Ministerio Público formulará su imputación.
En julio de 2022, el litigante denunció al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, y a su mano derecha el fiscal Juan Ramos, por tortura, ya que presuntamente presionaron a Emilio Lozoya.
La denuncia fue dirigida a Sandra Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, de la FGR.
Según la denuncia, Emilio Lozoya fue presionado, amenazado y torturado psicológicamente, “mediante coacciones, presiones, condicionamientos y recompensas frágiles -acogerse a un criterio de oportunidad-, y ya con su voluntad vencida, firmó denuncia de hechos falsos” que dio lugar a una carpeta de investigación contra Carlos Treviño.
Sin embargo, la fiscalía a cargo de Irene Herrerías decidió dar carpetazo al caso, porque el denunciante no precisó modo, lugar y tiempo, de cómo ocurrió la presunta tortura.
El abogado impugnó la determinación, y en audiencia celebrada el 23 de noviembre de 2022, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Sur revocó la decisión y ordenó a la FGR preguntar sobre el caso a Emilio Lozoya y a su anterior abogado Javier Coello Trejo para informarles sobre la existencia de la denuncia y para que declararan al respecto.
Una vez conocidos sus testimonios, el Ministerio Público Federal debía decidir si continuaba o no con la indagatoria.
En registros judiciales se menciona que el juez de control consideró que la defensa de Treviño Medina no tenía legitimación para presentar la denuncia porque no representa a Emilio Lozoya ni a otras víctimas.
Por su parte, un juez de amparo consideró que el abogado sí tenía interés jurídico para denunciar el presunto delito de tortura, pero “no tenía el alcance que la investigación se lleve al margen de las víctimas directas de los mismos como parece pretende se realice, ni en contra de su voluntad”.
Es de mencionar que, Carlos Treviño es prófugo de la justicia, porque existe una orden de aprehensión en su contra por presuntamente recibir un soborno de 4 millones de pesos por aprobar la reforma energética en el sexenio pasado, asunto relacionado con el caso Odebrecht.
La FGR lo señaló como probable responsable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.