Los procuradores y fiscales del país, así como Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), solicitaron conocer los criterios y lineamientos que se han tomado con relación a la protección de candidatos, particularmente la protección de las mujeres, y de comunidades en circunstancias de riesgo por la presencia de grupos de la delincuencia organizada.
A través de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) se comprometieron atender, investigar y perseguir los delitos que se cometan contra la organización y desarrollo de las próximas elecciones del 6 de junio.
Mencionaron que es fundamental la coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional (GN) y las secretarías de Seguridad Pública de las 32 entidades federativas, motivo por el cual es necesario que conozcan los criterios para garantizar la protección de candidatos y comunidades.
Dejaron claro que existe plena disposición para compartir información con la SSPC y el Centro Nacional de Información y las secretarías de seguridad del país que permita, de manera coordinada, investigar y perseguir las conductas delictivas que dañen la contienda electoral.
También exhortaron a los partidos políticos, personas candidatas y autoridades electorales para que cada instancia, en el ejercicio de sus facultades, conozca de aquellas conductas que son consideradas como faltas administrativas electorales o faltas a los estatutos de partidos.
“De esta forma, la actividad de las instancias de procuración de justicia se concentrará en investigar y perseguir aquellas conductas que dañen el adecuado desarrollo de la función pública electoral”, puntualizaron.
Las instancias de procuración de justicia añadieron que estarán en estrecha comunicación con la Secretaría del Bienestar y las instancias del gobierno federal, así como con los gobiernos de las entidades federativas que implementan programas sociales para conocer sus criterios precisos de operación y las excepciones vigentes durante la veda electoral, lo que permitirá investigar y perseguir el uso de los programas sociales con fines electorales.
“Las instancias de procuración de justicia, en todo momento, recibirán las denuncias sobre hechos que la Ley General en Materia de Delitos Electorales prohíbe y sanciona, así como las denuncias de aquellas conductas que, sin ser delitos electorales, puedan estar asociadas a la actividad electoral.
“Para ello, se estableció un procedimiento de colaboración que facilitará la atención expedita de los asuntos que lo ameriten, con una comunicación que permitirá la resolución inmediata de casos complejos de competencia y una constante interacción entre la FGR, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, las instancias de procuración de justicia y las fiscalías especializadas de las entidades federativas”, añadieron.