Uriel Carmona, fiscal general de Morelos, acusó al gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, de iniciar una persecución política en su contra tras las imputaciones por ejercicio ilícito del servicio público y delitos contra el funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Publica que le hace la Fiscalía General de la República (FGR).
Con 274 votos a favor, 108 en contra y dos abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados desechó ayer la solicitud de desafuero presentada por la FGR contra Uriel Carmona, al considerar que dicho funcionario no tiene la inmunidad procesal prevista en el artículo 111 constitucional para otros servidores públicos.
«Quien nos está persiguiendo y no nada más a mí, sino a varios titulares de órganos autónomos, es el gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco. Eso un secreto a voces, él se ha mostrado así en sus entrevistas tratando de sacarme de la fiscalía y en lo que afecta a la procuración de justicia del estado, es que nos tenemos que distraer para defendernos en lugar de tener el tiempo al 100 para trabajar, eso es en lo único que se afecta en la procuración de justicia», dijo en entrevista con Josué Becerra, para MILENIO Televisión.
El funcionario manifestó que alista una estrategia por la vía jurídica contra la decisión del pleno del órgano legislativo, pero aseguró que no ha cometido ningún delito y estará dispuesto a presentarse ante un juez en caso de ser requerido.
«El fiscal de Morelos no ha cometido ningún delito. Yo voy a estar a la mano para que me mande a traer un juez o la Fiscalía General de la República; no tengo nada que esconder y pues vamos a esperar que el Poder Judicial de la Federación decida quién tiene razón». Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos.
«Les estorbamos, quizá pisamos callos» Ayer los grupos parlamentarios de la oposición advirtieron que Carmona cuenta con suspensión definitiva expedida por un juez federal que impide a los diputados emitir una resolución sobre el caso, por lo que hacerlo significa incurrir en el delito de desacato sancionado con penas de tres a nueve años de prisión.
A decir del funcionario, lo ocurrido en San Lázaro «viene de una persecución política que estamos teniendo no nada más el fiscal de Morelos, sino otros titulares de órganos constitucionales autónomos en Morelos por parte del ejecutivo estatal.
Creo que les estorbamos, quizá pisamos callos, como estamos trabajando de manera independiente y de manera transparente, en la parte de lo político estorbamos y por ahí viene este ataque.
«El que nada debe, nada teme. Yo no tengo miedo porque no he cometido ningún ilícito ni mucho menos un delito y estoy al alcance de las autoridades que saben dónde vivo. Ya los riesgos propios de la función de un fiscal estatal son muy grandes; tenemos muchos enemigos con la delincuencia como para tener miedo de nuestras autoridades.