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Gobierno de AMLO investiga a Carlos Zamarripa, fiscal de Guanajuato

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De acuerdo con una investigación publicada por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el gobierno federal inició una investigación contra Carlos Zamarripa,  fiscal de Guanajuato, “en cuya gestión ese estado se convirtió en el más violento del país por la disputa entre cárteles de la droga”.

El texto de Raúl Olmos refiere que las autoridades han rastreado las transacciones bancarias de Carlos Zamarripa y de su círculo cercano, y derivado de esa investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto,  “ya procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el fiscal”.

Cabe señalar que en distintas mañaneras, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha criticado la violencia en Guanajuato y el actuar del fiscal Zamarripa, de quien ha pedido su destitución por malos manejos en el combate a la delincuencia.

Tan solo el 26 de julio pasado, el presidente López Obrador llamó a remover a Carlos Zamarripa, pues señaló que lleva en el cargo 11 años y el índice de violencia aumenta en la entidad.

“Entonces ya no se puede andar con contemplaciones cuando se trata de la seguridad de la gente. Aquí no debe de prevalecer el amiguismo, el influyentismo, nada de esas lacras de la política, se tiene que remover, puede ser muy cercano, compañero del partido, de escuela, pero si no se dan resultados y si esta de por medio la vida de la agente, para afuera. Si alguien trabaja en una empresa y no da resultados, ni modo que lo van a mantener ahí como gerente, lo quitan, con más razón cuando se trata de un servidor público”, expresó en ese entonces el Presidente.

Este es el texto íntegro publicado por MCCI:

El gobierno federal inició una investigación sobre el fiscal de Guanajuato, Carlos Zamarripa, en cuya gestión ese estado se convirtió en el más violento del país por la disputa entre cárteles de la droga.

Las autoridades federales han rastreado las transacciones bancarias de Zamarripa y de su círculo cercano, y derivado de esa investigación, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya procedió al congelamiento de cuentas de un empresario supuestamente vinculado con el fiscal.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha criticado en forma reiterada la actuación del Fiscal guanajuatense, quien tiene 12 años en el cargo, y le ha solicitado al gobernador Diego Sinhué Rodríguez que lo destituya por los malos resultados en combate a la delincuencia.

“Guanajuato es de los estados con más violencia y desde hace ya bastante tiempo y no es posible que no haya ninguna mejora sobre todo en el caso de homicidios y lleve 12 años el procurador de Guanajuato. No es posible. Si fuese gerente de una empresa, con esos resultados, ya lo hubiesen corrido”, dijo López Obrador el pasado 16 de julio.

“De manera abierta y respetuosa he estado señalando esto de Guanajuato porque no me puedo quedar callado, sería complicidad”, reiteró el 26 de julio, al insistir en la necesidad de remover al fiscal de aquella entidad.

A la par de esos exhortos del presidente, el gobierno federal inició una investigación sobre el Fiscal de Guanajuato.

En el expediente del caso, al cual tuvo acceso Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) aparece una revisión detallada de los ingresos que el Fiscal obtuvo a partir del año 2012, así como sus gastos tanto en el país como en el extranjero. Al no encontrarse inconsistencias relevantes, la investigación se amplió a su círculo cercano, incluida la esposa que se desempeña como juez en el Poder Judicial del Estado, así como empresarios que se presume han colaborado con Zamarripa como posibles operadores financieros.

La investigación incluyó a Luis Ernesto Ayala Torres, quien hasta marzo del presente año se desempeñaba como secretario del Gobierno de Guanajuato.

Uno de los elementos que llevaron a investigar a Ayala Torres fue la venta que realizó de su empresa familiar, Botas San Diego, al empresario Francisco Isidro González Espejel, quien –según la información de inteligencia registrada en el expediente- podría tener vínculos con el fiscal guanajuatense.

Las autoridades federales recopilaron información de esa transacción comercial, así como de otras empresas en las que ha tenido participación González Espejel como accionista o representante legal a partir del año 2014. En una comercializadora del empresario, los analistas de la UIF detectaron la dispersión de fondos a “operadores pitufos”, es decir, múltiples transacciones en montos pequeños, lo cual –en consideración de la autoridad- es un indicio de posible lavado de dinero o evasión fiscal.

En la tipología de lavado de dinero de la UIF, los “pitufos” materializan operaciones en efectivo, en beneficio de un tercero o terceros de forma fraccionada en diversas operaciones para, posteriormente concentrar los recursos.

Este fue uno de los argumentos de la UIF para solicitar el congelamiento de cuentas bancarias del empresario, quien promovió un juicio de amparo por considerar injusta la intervención de las autoridades.

Sobre este amparo contra la UIF se abrió el expediente 245/2020 ante el juzgado séptimo de distrito en Guanajuato.

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