El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) exhortó a las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado de la República a evaluar de manera objetiva todos los elementos que plantea la iniciativa a la Ley de Hidrocarburos plantea y sus impactos, toda vez que esta eliminará los incentivos para la inversión privada en el sector de hidrocarburos.
“En circunstancias en las que la economía requiere urgentemente de la recuperación de la inversión y de la generación de empleo después del impacto de la recesión más severa del último siglo”, refirió.
En un análisis, el organismo aseguró que los términos de la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados la madrugada del jueves pasado, representa un retroceso en el desarrollo de un mercado competitivo en materia de hidrocarburos, toda vez que el requerimiento de mostrar capacidad de almacenamiento previo al otorgamiento de permisos eleva de manera importante el riesgo de los proyectos de inversión, lo que inhibirá el desarrollo de infraestructura necesaria para la eficiencia del sector y para la preservación de la seguridad energética del país.
Asimismo, los términos planteados por la iniciativa generarán una demanda importante de recursos presupuestarios gubernamentales adicionales para la ampliación de la oferta en las condiciones necesarias, lo que representa un elemento adicional de riesgo para las finanzas públicas de México.
Agregó que la inclusión de la negativa ficta para las solicitudes de los permisos podría desincentivar a la autoridad para atenderlos en tiempo y forma, lo que aumenta la incertidumbre respecto a la viabilidad de las inversiones si éstas pueden ser detenidas simplemente por un proceso administrativo lento, y no por razones de fondo que sean debidamente comunicadas a los solicitantes.
En tanto, la posibilidad de que los permisos sean suspendidos cuando se prevea un peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional, sin definir los criterios de evaluación, impide que se diseñen proyectos de inversión que cumplan con los requisitos pertinentes.
La posible discrecionalidad en las decisiones eleva sustancialmente el nivel de riesgo de las inversiones. “La posibilidad de que la autoridad que haya emitido el permiso se haga cargo de la administración y operación del Permisionario, para garantizar los intereses de los usuarios finales y consumidores, representa una intervención directa en los derechos de propiedad de los inversionistas, incrementando el riesgo de que se configure una innecesaria expropiación indirecta del patrimonio de los particulares”.
En tanto, la presión presupuestaria que se ejercerá sobre Petróleos Mexicanos (Pemex) para el desarrollo de la oferta que el país requiere, se dará en circunstancias financieras ya complejas por las que atraviesa la empresa y en un entorno de finanzas públicas con un margen de maniobra reducido, lo que dificulta la liberación de espacio fiscal para inversiones más productivas y protección social.
“Desde el IMEF, apoyamos cualquier iniciativa que permita impulsar el desarrollo de un sector energético moderno, eficiente y suficiente para respaldar el crecimiento y la competitividad de nuestra economía, así como el bienestar de las familias mexicanas”.