El Consejo General del INE ratificó 12 pérdidas de registro a candidatos independientes y de Morena tras no reportar gastos de fiscalización, y por orden del Tribunal Electoral devolvió cuatro registros a tres independientes y un candidato de Redes Sociales Progresistas.
Por unanimidad de votos al tratarse de un acatamiento a una sentencia de las Sala Regional de Toluca y de la Ciudad de México, pero dejando claro su inconformidad, las y los consejeros devolvieron cuatro registros a aspirantes que habían recibido la máxima sanción por omitir los reportes de sus ingresos y gastos de precampaña y periodo de recolección de apoyo ciudadano en el caso de los independientes.
El INE se vio orillado a devolver el registro a la independiente Dora Belén Sánchez Orozco quien terminó con una multa por 16 mil 72.80 pesos; Eduardo Virgilio Farah Arelle, aspirante independiente a la alcaldía de Miguel Hidalgo a quien se le impuso una multa por 868.80 pesos y José Alfredo Rosales Santoyo aspirante independiente a presidente municipal en Colima quien terminó con una multa por tres mil 475.20 pesos.
Así como Sergio Arturo Beltrán Toto, diputado federal de Redes Sociales Progresistas que fue multado por tres mil 648.96.
La consejera Carla Humphrey dejó clara su postura en contra, pues consideró que ya se ha debatido que no presentar informes de fiscalización es una razón suficiente para imponer la sanción de pérdida de registro, dada la gravedad de la falta y el riesgo que corre la rendición de cuentas.
Criticó que los y las magistradas de salas regionales hayan considerado, para emitir esta sentencia, elementos subjetivos como que algunos candidatos se vieron en dificultad para entregar sus informes personalmente, que no pudieron presentar firma electrónica ante la pandemia o que al tratarse de personas adultas mayores tuvieron problemas para hacer la entrega de documentos. “Votaré a favor por tratarse de acatamientos, pero considero que estas sentencias y los proyectos a discusión ponen en manifiesto referentes para casos próximos cuando lleven grupos de vulnerabilidad o imposibilidad pese al manifiesto la omisión”.
Por el contrario, tras las órdenes de individualizar sanciones, decidieron ratificar las pérdidas de registros en 10 candidaturas, dos de ellas de Morena: Aidé Ibarez Castro y Julieta Kristal Vences Valencia aspirantes a diputadas federales por ese partido.
Además de los independientes Anabel García Morales de Chalchicomula en Sesma, Puebla; José Fernando Lacunza Sotelo de Petatlán, Guerrero; Rafael Guarneros Saldaña de la alcaldía Cuauhtémoc; Ángel García Pérez, Hugo Hernández Mendoza, José Luis Salcedo Barrón, Angélica María Hahn Pabó y Damaris Jael Espinosa Hernández, candidatos independientes a diputados locales en la Ciudad de México; Yunuet Srahí Ceceña González y Ernesto Negrete Godoy.
En el caso de los independientes, como en las sanciones anteriores, la imposición de pérdida de derecho a ser registrados como candidato aplica para el proceso federal en curso y los dos próximos, es decir, con vigencia hasta las elecciones del 2027.
El consejero José Roberto Ruiz y la consejera Norma Irene de la Cruz votaron en contra de las pérdidas de registro al considerar que “no existe una jurisprudencia” al respecto, por lo que sus argumentos de que las sanciones son desproporcionadas siguen siendo válidos. Contrario a la consejera presidenta de la comisión de fiscalización, Adriana Favela, quien explicó que a diferencia de las resoluciones anteriores, dejará de votar en contra luego de que este martes la Sala Superior del TEPJF argumentó con claridad el porqué es válida esta sanción.
“Después de lo resulto ayer en la Sala Superior y tras las intervenciones de las y los magistrados creo que ya no voy a seguir compartiendo esa posición”. Mientras el consejero Ciro Murayama destacó que “la Sala Superior confirmó y ratificó la validez de las normas en materia de fiscalización y la importancia de que los actores políticos rindan cuentas, el dinero opaco no tiene luz verde en la política democrática mexicana, rendir cuentas no es un asunto de contentillo, es una obligación que se aplica a todos por igual sin importar el partido político o el poder que se tenga detrás porque no puede haber poder por encima de la ley”.