La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó una medida cautelar contra Morena, para que sus brigadas se abstengan de solicitar a la ciudadanía información de la credencial de elector, y para que no se vincule a los programas sociales del gobierno federal con el partido político, especialmente en el caso de la vacunación contra el covid-19.
Lo anterior, al analizar una queja del Partido Acción Nacional (PAN), en la que acusó a Morena de realizar padrones o registros de personas beneficiarias para acceder a programas gubernamentales, haciendo uso y aprovechamiento con fines electorales.
Afirmó que militantes del partido en el gobierno llevan a cabo visitas domiciliares, así como la organización de brigadas solicitando datos e información personal a la ciudadanía, ofreciendo que podrán ser beneficiadas con distintos programas sociales.
Al respecto, el INE llevó a cabo diferentes diligencias que, de manera preliminar, permiten presumir la existencia de las conductas señaladas mediante la certificación de videos que circulan por diferentes medios y redes sociales, así como declaraciones expresas de personas involucradas en dichas acciones, quienes aseguraron estar contratadas por Morena.
Precisó que la posible ilicitud de las acciones señaladas consiste en que el orden jurídico vigente prohíbe que los partidos políticos se apropien o participen en la implementación o ejecución de programas sociales o gubernamentales, pues estos son ajenos de las finalidades establecidas para dichas organizaciones.
Los programas sociales deben ejercerse de manera neutral e imparcial y está prohibido su uso con fines electorales. Durante la sesión, el consejero Ciro Murayama señaló que la actuación del prestador de servicios de Morena, al pedir datos de los ciudadanos para ofrecer programas del gobierno federal, no es legal: “la distancia entre partido y gobierno se rompe y empieza a haber un uso partidista de esta persona de los programas sociales, aun cuando la ley es muy clara al señalar que los programas sociales son públicos”.
“El acceso a los programas sociales es un derecho de la población; condicionarlos desde un partido es un ejercicio clientelar prohibido por la legislación”, añadió. Asimismo, la Consejera Adriana Favela indicó que: “dichas personas llevan a cabo un uso y aprobación indebida de programas gubernamentales, solicitando para ello información contenida en la credencial para votar”.
Ante la elección del 6 de junio, la Consejera Favela reiteró la importancia de que ningún partido haga uso indebido de programas sociales o gubernamentales y “mucho menos condicionando el voto a favor de ellos”.
En su intervención, la Consejera Claudia Zavala destacó que de la investigación realizada se desprende “una serie de hechos que nos deben de poner sobre la mesa y alertar una posible acción de parte de personas identificadas con el partido Morena, que vinculan las actividades de un partido político con el gobierno federal. (…) El partido político Morena y el gobierno son lo mismo”.
En consecuencia, la Comisión concedió las medidas vía tutela preventiva para exigir a Morena, entre las que se encuentran abstenerse de realizar, ordenar o participar en actos como los denunciados; instruir a su personal y militancia no ostentarse directa o indirectamente en representación de ningún ente público o gubernamental, ni solicitar información de la credencial para votar. Asimismo, se le solicitó al partido presentar ante el INE muestra del cumplimiento de la determinación dentro de las 48 horas siguientes.
Para ello, se señalaron acciones como: Colocar en sus páginas o redes sociales de manera expresa que el partido no está vinculado con ningún programa social. Señalar de manera clara que el partido no va a recabar datos ni a solicitar información relacionada con la credencial de elector. Hacer del conocimiento esta determinación con todos sus órganos estatales.
En la misma sesión, la Comisión dio a conocer otra queja presentada por en contra de Juan Manuel Zepeda Hernández, precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Nezahualcóyotl, Estado de México, por la presunta contratación y adquisición de tiempos en radio. Lo anterior, con motivo de una entrevista difundida en el programa Me lo dijo Adela, transmitida el pasado 5 de febrero.
Sin embargo, se declaró la improcedencia de las medidas cautelares por tratarse de actos consumados. Ambos asuntos fueron aprobados por unanimidad de las consejeras Adriana Favela y Claudia Zavala, así como del consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Quejas y Denuncias.