La Fiscalía General de la República (FGR) sufrió un revés, porque un juez federal ordenó la libertad del ex agente de la Policía Federal, Francisco Javier Cruz Rosas, quien formó parte de la División Antidrogas y fue imputado por presuntamente estar relacionado con el desvío de 2 mil 500 millones de pesos de la citada corporación policíaca.
Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal, adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, determinó que no hay elementos para vincular a proceso al ex servidor público por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La FGR imputó a Cruz Rosas por haber cambiado tres cheques, cada uno por un millón de pesos, y entregar el dinero a quien era su jefe en la División Antidrogas de la Policía Federal.
El ex agente, quien se encontraba en Guanajuato, se entregó la semana pasada a la FGR, debido a que su juicio de amparo no avanzaba por la suspensión de plazos, debido a la pandemia por covid-19. En entrevista con MILENIO, Gabriel Regino García, director general de Regino Abogados, Abogados Penalistas, defensor de Cruz Rosas, explicó que durante la audiencia presentaron testigos, documentos e informes para demostrar que su cliente no es responsable de algún delito.
El hecho de cambiar los tres cheques, mencionó, podría en un momento dado significar una posible irregularidad administrativa, pero que está contemplado y justificado en la partida 4301 que establece los criterios de urgencia, confidencialidad e importancia para la seguridad pública y/o la seguridad nacional.
“Y como estos gastos eran los que se destinaban para el pago de informantes, pago de renta de vehículos, renta de casas, ropa, etcétera, entonces, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determina que hay gastos que no se han comprobado, lo hacen como una información y no como una determinación de sanción. “Y la FGR dijo bueno, si el dinero lo cambio en cheques y lo entregó en efectivo, eso significa que pertenecía a una organización criminal paralela al Estado que se dedicaban a lavar dinero”. Esto es “completamente un exceso”, apuntó Gabriel Regino.
Francisco Cruz era el secretario particular del jefe de la División Antidrogas y durante seis años cambió solo tres cheques que eran los montos mínimos destinados para ciertas operaciones encbiertas para llevar a cabo el seguimiento, ubicación, localización y detección, y en su momento de capos del crimen organizado.
La Fiscalía tiene tres días para apelar la resolución del juez, para que sea un Tribunal Unitario el que analice el asunto. “Y nosotros tenemos la oportunidad de acreditar, tanto a la misma fiscalía como ante el juez, para un eventual sobreseimiento de que los hechos que se le imputaron no son constitutivos de delito bajo ninguna circunstancia”, agregó.
En agosto pasado, el juez de control ordenó la captura de 19 ex servidores públicos de la PF, entre ellos, los secretarios generales de la extinta corporación policíaca, Frida Martínez Zamora y Jesús Orta Martínez, por su probable responsabilidad en los delitos antes mencionados.