La empresa chihuahuense envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) explicando que el pasado 10 de enero recibió una sentencia emitida por la máxima instancia de justicia constitucional de Bolivia, país de jurisdicción de origen de la problemática, pero el Tribunal de Apelación se negó a reconocerla.
Ante este panorama, la cementera ejercerá los derechos contractuales y otros recursos legales para recuperar los daños y gastos que la resolución final del arbitraje pueda obligarla a pagar en última instancia.
“La controversia mencionada no afecta en ningún sentido la sólida posición financiera, el cumplimiento de obligaciones o la operación continua del negocio de la compañía”, finalizaron.
