Juan Pablo Gómez Fierro, juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, concedió tres suspensiones más contra la Ley de Hidrocarburos, con lo que suman ocho.
El próximo viernes el juez definirá si paraliza de manera indefinida la aplicación del estatuto, ya que se llevará a cabo una audiencia donde determinará si otorga la suspensión definitiva a los primeros cinco quejosos.
Las suspensiones provisionales concedidas hoy fue para las empresas Servicio Villa de Arista, Petrotal y Tiger Fuel. Ayer, el juez otorgó cinco suspensiones provisionales con efectos generales que frenaron la aplicación de la Ley de Hidrocarburos, que entró en vigor el 4 de mayo.
El juzgador mencionó que el estatuto atenta contra la competencia y libre concurrencia, y podría abonar a que Petróleos Mexicanos (Pemex) retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética. En su resolución mencionó que los artículos 57, así como el cuarto y sexto transitorios, generan incertidumbre jurídica para los permisionarios y podrían ocasionar una reducción considerable del número de competidores en los sectores aludidos, otorgando poder de mercado a Pemex y reduciendo las condiciones de oferta.
Lo anterior, abundó, podría llevar al aumento de precios de los bienes y servicios ofrecidos a lo largo de la cadena de valor de los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo que impactaría de manera negativa para los consumidores finales.
Puntualizó que es indispensable la concurrencia de diversos participantes, circunstancia que no podría acontecer si se permite que se aplique un régimen de sanciones que propone la revocación indiscriminada de permisos, lo que otorgaría ventajas competitivas para ciertos participantes, entre ellos Pemex y sus subsidiarias.
Las primeras cinco suspensiones fueron concedidas a Abraham Banda Flores, Rubén Tamez Flores, Alberto Maceira Balboa y Carlos Jaidar Castro, en su carácter de apoderados legales de Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antluc y de Distribuidora de Combustibles Mil, así como por Dalia Pilar Lamarque Picos, por su propio derecho, contra actos de la Cámara de Diputados y de otras autoridades.
Gómez Fierro señaló que la nueva reforma eliminó la posibilidad de que las empresas privadas puedan ser contratadas para manejar y controlar las instalaciones de los permisionarios que sean ocupadas, intervenidas o suspendidas, lo que brinda exclusividad a Pemex y sus subsidiarias sobre este tipo de contrataciones.