Luego de que fue vinculada a proceso por el delito de cohecho, la presidenta estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en Chihuahua, María Ávila Serna, rechazó las acusaciones, pues dijo que corresponden a una persecución política basada en declaraciones amañadas y fabricación de pruebas.
“Es muy claro que ésta vinculación no es una sentencia y por eso no afecta mis derechos políticos, por lo que en lo jurídico aportaré lo necesario para demostrar que las acusaciones son falsas, es una persecución política basada en declaraciones amañadas, fabricación de pruebas, entre otras argucias implementadas por el gobierno en turno”, acusó.
Agregó que la medida no significa una culpabilidad ni mucho menos una sentencia, por lo que sus derechos políticos quedan a salvo: el proceso no es vinculante para una responsabilidad penal ni quiere decir que el ministerio público tenga razón en la acusación.
“El juez ha determinado que esto no altera el trato de presunción de inocencia que se debe guardar sobre mi persona, pues falta tiempo para que se desahoguen las investigaciones, ya que recién inicia el proceso formal de investigación”, explicó la ex diputada local.
La postura de la dirigente estatal del Verde, se da horas después de que el juez de Control, Samuel Uriel Mendoza Rodríguez, vinculó a proceso por el delito de cohecho a Ávila Serna y a la candidata del PAN-PRD al gobierno de Chihuahua, Maru Campos Galván. Además a Rodrigo de la Rosa, quienes presuntamente recibieron recursos de la ‘nómina secreta’ cuando formaron parte del Poder Legislativo, en donde encabezaban las fracciones parlamentarias del PAN, Verde y PRI, se indicó en la audiencia judicial de este jueves.
“María Eugenia C.G es acusada de recibir más de 9 millones de pesos para ella y para César Jáuregui Moreno, entre 2014 y 2015, cuando eran dirigentes de la bancada del PAN; Rodrigo D.R., coordinador de la bancada del PRI, recibió 2.5 millones de pesos, y María A.S., del Partido Verde Ecologista de México, está acusada de recibir 3.8 millones de pesos”, detalló el juez.
La acusación de la fiscalía fue rechazada categóricamente por la dirigente estatal del PVEM, al apuntar que las pruebas que se mencionaron deben ser llevadas por control judicial, pues en esta etapa inicial, la fiscalía no nos permitió acceder a ellas debidamente, esto ya lo ha remarcado el juez, expresó. “Como lo dijo la candidata María Eugenia Campos: no se dejen confundir, esta vinculación no representa una culpabilidad sino un paso más en el proceso judicial.
Esto es apenas el comienzo, el turno de una Fiscalía que responde a un gobierno con rencor a quienes no piensan como él, ya nos tocará a nosotros”, advirtió. Por su parte, la dirigente estatal del PAN, Rocío Reza Gallegos, informó que este 4 de abril iniciara la campaña de la candidata a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván.
“La situación jurídica sigue en cancha de las autoridades judiciales, viene otra etapa del proceso, respetamos la decisión del juez y nos compete únicamente comentar sobre el proceso electoral; Maru aparecerá en la boleta el próximo 6 de junio, la Constitución así lo determina, no están suspendidos sus derechos políticos como muchos quisieran.”, indicó.