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Los proveedores consentidos de Sembrando Vida en Veracruz

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En la huasteca veracruzana, funcionarios de Sembrando Vida diseñaron una estrategia para favorecer a empresas cercanas a sus amigos y familiares: a los beneficiarios del programa, se les obligó a comprar herramientas e insumos de baja calidad con esos proveedores. Los técnicos y campesinos que denunciaron esta práctica fueron despedidos o dados de baja del principal programa social del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

CIUDAD DE MÉXICO (proceso).- Han pasado nueve meses desde que Gonzalo compró cerca de cinco kilos de semillas de jamaica. El tiempo no ha logrado aminorar su enojo y decepción. Desde que recibió los paquetes, se le hizo extraño que no tuvieran etiquetado o marca; que solo estuvieran envueltos con plástico negro y papel de estraza. Al abrir el primer empaque, percibió un olor agrio. Al extender el contenido, se indignó aún más al ver que eso parecía un montón de cáscaras de pepita, abiertas y mojadas. Eran 12 mil pesos de semillas pudriéndose entre sus dedos.

El sembrador —a quien en esta investigación se llamará Gonzalo, porque solicitó ocultar su identidad para evitar represalias— recuerda que no tenía idea de quién era el proveedor de esos paquetes de semillas podridas, porque la gente que le entregó los productos eran y siguen siendo funcionarios de Sembrando Vida, uno de los programas sociales emblemáticos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Este programa, que busca combatir la pobreza rural y la degradación ambiental, consiste en pagar un jornal de cinco mil pesos mensuales a los sembradores beneficiarios, quienes deben integrarse a una Comunidad de Aprendizaje Campesina (CAC), como se le conoce a los grupos con 25 personas, e implementar sistemas de siembra de árboles frutales y maderables en sus parcelas.

El caso de Gonzalo no es aislado. Al realizar entrevistas con integrantes de 17 CAC de la región norte de Veracruz, se pudo documentar que por lo menos 400 beneficiarios de Sembrando Vida se vieron obligados a reponer, con su dinero, los insumos de mala calidad que adquirieron con proveedores impuestos por funcionarios del programa en la entidad. Eso, además, provocó que se retrasaran los planes de trabajo en sus parcelas.

Esta investigación periodística, realizada por Ethos Laboratorio de Políticas Públicas, documentó que detrás de este y otros episodios padecidos por sembradores en la región norte de Veracruz están funcionarios de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, sus familiares o amigos.

Técnicos y facilitadores del programa Sembrando Vida amenazaron a sembradores de la huasteca veracruzana con sacarlos del programa federal si no compraban con cuatro empresas y tres personas físicas. Estos proveedores impuestos entregaron semillas en mal estado, herramientas de mala calidad o productos a sobreprecio; así lo revela una veintena de facturas, recibos bancarios, catálogos de artículos, cotizaciones, fotografías, audios y otros documentos entregados por 36 sembradores y cinco exfuncionarios de Sembrando Vida.

Este esquema, en el que se obliga a los sembradores a comprar con los proveedores impuestos por funcionarios, operó sin ningún problema durante al menos siete meses en la huasteca veracruzana.

Hidrauver: la empresa del amigo

Desde mayo de 2020, Emmanuel Randú Ortiz Herrera, restaurantero veracruzano y político de Morena, está a cargo de la coordinación territorial del programa Sembrando Vida en esta región que incluye los municipios de Pánuco, El Higo, Pueblo Viejo, Tamalín, Tampico Alto, Tempoal, Tantima, Tantoyuca, Tuxpan y Uzuluama.

En su declaración patrimonial, Randú Ortiz señala que antes no había trabajado en el gobierno; también informa que es licenciado en Administración de Empresas en el ramo turístico y que tiene un restaurante. Se trata de la cafetería “Candiles”, ubicada en el municipio de Perote, Veracruz.

Antes de ser funcionario federal, en 2018 Randú Ortiz fue candidato a diputado local por Morena en Perote, pero perdió en las urnas. En su historia política también sobresale que fue presidente del comité municipal del PRD entre 2014 y 2017.

Para operar Sembrando Vida en su territorio de asignación, Randú Ortiz integró su equipo de trabajo con 20 facilitadores, 200 técnicos y 2 mil 400 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sus hermanos Luis Enrique y Baruch Víctor también trabajan en la Secretaría de Bienestar, este último como facilitador del programa Sembrando Vida, pero no en la huasteca veracruzana, sino en el municipio de Perote.

Pocos meses después de que Sembrando Vida arrancó en la huasteca veracruzana, los técnicos y facilitadores del programa solicitaron a la Secretaría del Bienestar que se aprobaran “apoyos económicos adicionales” —un recurso complementario al jornal de los sembradores— para comprar insumos y herramientas.

Hasta julio de 2021, la Secretaría de Bienestar destinó 75.9 millones de pesos de “apoyos adicionales” para 669 CAC de la huasteca veracruzana, de acuerdo con documentos obtenidos vía Ley de Transparencia.

Los “apoyos económicos adicionales” se dividieron en dos entregas para cada CAC: un primer depósito de 30 mil pesos para la compra de semillas y herramientas, y otra transferencia de hasta 120 mil pesos para la instalación de sistemas de riego en los viveros comunitarios. Así lo revelan copias de solicitudes de estos apoyos que sembradores compartieron con Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

Líderes de 17 CAC de la huasteca veracruzana detallaron cómo operó el esquema de “proveedores consentidos”: en octubre de 2020, llegó el primer apoyo extraordinario por 30 mil pesos a cada grupo de sembradores. Los técnicos y facilitadores del programa no informaron a los sembradores sobre cómo debía utilizarse el recurso, tampoco les advirtieron que si el dinero no se gastaba en 30 días, debía ser devuelto a la Tesorería de la Federación.

Los sembradores mencionan que esto generó confusión y ante el temor de ser sancionados, prefirieron no gastar este dinero. Sin embargo, casi un mes después (para noviembre de 2020) el personal de Sembrando Vida les informó que solo tenían un par de días para la adquisición de herramientas y semillas, y que debían hacerlo con tres proveedores: Ageo Barradas Flores, Fe Toss Quezada y con la empresa Hidrauver.

Un sembrador líder de un CAC del municipio de Tantoyuca, Veracruz, quien pidió no revelar su nombre, señaló que compraron semillas de limón, papaya y pimienta en noviembre de 2020 con el proveedor Ageo Barradas Flores. A pesar que esta persona ya les entregó la factura por una compra de más de 11 mil pesos, cuando se le entrevistó en junio pasado, ya habían transcurrido nueve meses y el producto aún no les había llegado.

Algo similar ocurrió con la compra de semillas de canela al proveedor Fe Toss Quezada, quien finalmente las cambió por tallos de bambú, una planta que requiere mucha agua, cuando la huasteca veracruzana se caracteriza por sus sequías.

Los técnicos de Sembrando Vida promocionaron sobre todo a Hidrauver, empresa que no aparece en ningún directorio empresarial; tampoco se encuentra en las páginas del Registro Comercial de la Secretaría de Economía ni en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Los sembradores que adquirieron insumos con Hidrauver realizaron los pagos a cuentas bancarias de Jesús Herrera Herrera; también se les entregaron facturas en donde aparece el nombre de esta persona.

En las elecciones de 2017, Jesús Herrera Herrera fue el candidato suplente de Morena a la alcaldía de Perote. Baruch Ortiz Herrera, actual facilitador de Sembrando Vida y hermano mayor de Randú Ortiz, fue quien se presentó como el candidato principal por ese partido. Al final, no llegó a ser el presidente municipal porque perdió en las urnas.

Baruch Ortiz, candidato de Morena

Jesús Herrera Herrera es miembro de una familia dedicada a la venta de productos cárnicos. No existen registros de que en el pasado haya incursionado en negocios de ferretería o en la instalación de sistemas de riego automatizados.

El número de contacto que está en los catálogos de herramientas que distribuyó Hidrauver corresponde al de una carnicería que, en 2014, tenía el rótulo de “Carnicería Herrera”, como se verificó en la plataforma de Google Maps. Ahora, el establecimiento se llama “La Súper”.

Para esta investigación se buscó a los proveedores Ageo Barradas Flores, Fe Toss Quezada y a Jesús Herrera Herrera. Ninguno de los tres contestó a la solicitud de entrevista.

Depósitos a cuentas de familiares de funcionarios

A partir de diciembre de 2020, a la huasteca veracruzana llegó un segundo apoyo adicional, hasta por 120 mil pesos por CAC, para la instalación de sistemas de riego en viveros comunitarios. Funcionarios y exfuncionarios del programa Sembrando Vida en Veracruz detallaron que en reuniones con Randú Ortiz —donde se les pidió que sus celulares fueran depositados en una caja— se les exigió recomendar a ciertas empresas, distribuir sus catálogos, así como presionar y amenazar a los sembradores para que compraran con esos proveedores.

Las empresas que se recomendaron fueron Construcciones e Hidrociencias de Puebla SA de CV (COHISA), fundada en 2012; Crennel Comercial SA de CV y la persona física Alexander Hequet Moreno, quien es accionista fundador de COHISA y cuya socia es Isabel Azua Montiel, originaria de Perote, Veracruz, de acuerdo con el acta constitutiva de la empresa.

La empresa COHISA, la cual vendió sistemas de riego, no tiene sitio web ni tampoco aparece en las listas de proveedores del gobierno federal. En su página en Facebook, se muestran dos de sus sedes ubicadas en el centro de Puebla.  Crennel Comercial SA de CV, fundada en 2010 por Jesus Antonio Trejo Alvarado y Valentín Alejandro Hernandez, tampoco tiene sitio web.

“No quiero una factura que no sea de este proveedor porque así viene estipulado. (…) Hágaselo saber de forma inmediata a todos. (…) O lo toman o lo dejan”; es lo que se escucha en una grabación que mandó el facilitador Alan Rebolledo en diciembre de 2020 a grupos de sembradores en WhatsApp, quienes en ese entonces la compartieron con periodistas de medios como La Crónica de Hoy, Versiones, Periódico Veraz, El Sol de Tampico, entre otros.

Un técnico social de esta región —cuya función es dar asesoría para procesos de desarrollo comunitario— recuerda que para no perder su trabajo, tuvo que participar en la imposición de venta de sistemas de riego: “lo vendimos como en 120 mil pesos por cada CAC, pero los costos eran muy elevados y el material era de muy mala calidad”.

Por temor a sufrir represalias, el técnico pidió proteger su identidad. Explicó cómo operó la estrategia: “Eran pagos en efectivo, y nosotros como técnicos fungimos como intermediarios, como cobradores y repartidores. Nosotros le depositamos en una cuenta al facilitador, o en ocasiones le dábamos el dinero en efectivo. (…) Todo fue imposición, todo se manejó arbitrariamente, a nosotros como técnicos se nos dijo (su facilitador Alan Rebolledo) que así tenía que ser porque eran órdenes de arriba”. Al técnico, finalmente, no se le renovó contrato en Sembrando Vida para 2021.

En febrero de 2019, cuando se presentó el programa Sembrando Vida, el presidente López Obrador destacó que se buscaba que los apoyos económicos se entregaran directamente a los campesinos, que no existieran intermediarios, como sucedía en el pasado: “Queremos que todos los apoyos lleguen de manera directa, que no haya intermediarios. Van a llegar todos los apoyos desde la Tesorería de la Federación al beneficiario”. Con este nuevo esquema, que también se adoptó en otros de los programas prioritarios, se garantizaría terminar con la histórica corrupción en los programas sociales.

Extécnicos aseguran que en diciembre de 2020, el facilitador Allan Rebolledo obligó a sus subordinados a vender malla sombra y otros insumos para viveros. Algunos de los productos fueron pagados en efectivo, pero también se pidió hacer el pago a un número de una cuenta en BBVA Bancomer, a nombre de Leonardo Rebolledo, hermano del facilitador de Sembrando Vida.

Además de Alan Rebolledo, sembradores y extrabajadores de Sembrando Vida han señalado a otros técnicos y facilitadores por presionar a los beneficiarios para favorecer a ciertos proveedores. Algunos de ellos son Eddi Castillo, Eduardo Hernández, Alder Borrager y Abraham Zumaya, entre otros.

Se buscó la postura de los funcionarios de Sembrando Vida que aquí se mencionan, pero ninguno respondió. El enlace de prensa de la Secretaría de Bienestar informó que  actualmente existe una investigación en curso y que por esa razón “no se puede hablar del tema”.

Represalias contra técnicos

A pesar de las amenazas, algunos sembradores decidieron comprar su sistema de riego con proveedores de su elección. Por ejemplo, el CAC de la comunidad del Tempoal adquirió su sistema de riego con materiales de marcas reconocidas —una bomba Honda, cisterna Rotoplas, filtros Netafim, entre otras— que incluyen seis meses de garantía y corrección de fallas sin costo extra. Todo el paquete les costó 88 mil pesos, de acuerdo con la factura.

En cambio, un CAC ubicado en el municipio de Ozuluama, que adquirió su sistema de riego con un proveedor recomendado por los operadores de Sembrando Vida, pagó 115 mil pesos. En este caso, los materiales no tenían marca, solo sellos del programa; las bombas fabricadas en la India tenían calcomanías sobrepuestas de marcas reconocidas. Además, el paquete no incluía garantía ni capacitación por parte del proveedor.

Durante una visita a la región, Ethos Laboratorio de Políticas Públicas documentó que los sistemas de riego instalados por proveedores recomendados por empleados de Randú Ortíz presentan varios problemas: averías en aspersores, bombas descompuestas o filtros rotos por la potencia del bombeo; eso a pesar de que fueron instalados entre diciembre y enero pasados.

“Al principio Randú y los facilitadores nos dijeron a los técnicos que teníamos que recomendar a los proveedores. En ese momento no sospechamos, porque el programa es muy bueno, había mucha esperanza, pero luego nos pidieron que teníamos que presionar a los sembradores para que compraran con ellos. En ese momento, al menos, 15 técnicos nos opusimos. ¡Y para afuera! Ya no nos renovaron el contrato, despidieron a todos los que se opusieron”, cuenta Santiago Sánchez Mundo, extécnico de Sembrando Vida en la huasteca veracruzana.

Cinco testimonios de extécnicos que estuvieron bajo el mando de Randú Ortiz, denuncian que fueron despedidos por no seguir las instrucciones y recomendar a los proveedores indicados.

Las reglas de operación de Sembrando Vida señalan que el coordinador territorial también puede sancionar a sembradores, suspenderlos definitivamente del programa, vigilar que se cumplan los planes de trabajo, entre otras actividades.

Insumos de mala calidad. Foto: Sergio Rincón.

La familia Ortiz acapara puestos y subsidios

En 2019, la Secretaría de Bienestar otorgó apoyos en especie a los beneficiarios de Sembrando Vida a nivel nacional. Para ello se realizó un contrato marco con 22 proveedores en el que se contemplaban insumos necesarios para crear biofábricas y viveros comunitarios; estos insumos fueron elegidos a criterio de los coordinadores territoriales del programa. Sin embargo, muchos de los materiales no fueron entregados a nivel nacional, de acuerdo con el informe Evaluación de Diseño 2019-2020 Sembrando Vida difundido por el Coneval.

“En 2019 el programa se enfrentó a diversos retos en la implementación y el cumplimento para cumplir con la entrega de los apoyos en especie, derivado del retraso en la realización de las licitaciones en algunos casos; y del incumplimiento o falta de disponibilidad de los apoyos en otros”, refiere el documento del Coneval.

Ante los problemas en la distribución de insumos en todo el país, para 2020 casi no se contemplaron apoyos en especie, sino que en las reglas de operación del programa se implementó una nueva modalidad, los “apoyos económicos adicionales”, los cuales deben ser requeridos formalmente por el Comité Técnico de la región. En el caso de la huasteca veracruzana, el Comité Técnico está conformado por los técnicos que trabajan con Randú Ortiz.

Randú Ortiz ha estado cerca de los programas sociales de Bienestar y Secretaría de Agricultura en Veracruz, principalmente en eventos de dispersión de créditos para la agricultura y el ganado. En dichos programas trabajó con el delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, encargado de coordinar todos los programas sociales en esa entidad desde 2019.

En 2019 los otros hermanos de Randú —Luis Enrique y Baruch Víctor— comenzaron a trabajar en la Secretaría de Bienestar. Baruch fue contratado como facilitador de Sembrando Vida desde marzo de 2019, en el municipio de Perote, Veracruz, de donde es originaria toda la familia.

Actualmente los hermanos siguen en la nómina de Bienestar, según la plataforma Declaranet, a pesar de que en las pasadas elecciones Baruch se lanzó, una vez más, como candidato de Morena a la alcaldía de Perote.

Jovita Herrera, madre de Randú Ortiz, y Jorge Ortiz Hernández, que coincide con el nombre de su tío, forman parte de Sembrando Vida, pero no como funcionarios, sino como sembradores en el municipio de Perote. A través del programa, reciben 5 mil pesos cada mes.

La mayoría de la familia Ortiz Herrera no se dedica a la agricultura, sino a las panaderías, pastelerías y al ramo de los restaurantes y bares; casi todos sus negocios se encuentran en la calle 5 de mayo, en el centro de Perote, de acuerdo con facturas de los establecimientos, así como fotografías e incluso páginas web y de Facebook.

En opinión de Alfredo Elizondo Rosales, coordinador de proyectos de Gestión Social y Cooperación (GESOC) A.C., quien ha estudiado los riesgos de corrupción en programas sociales, la falta de planeación y diseño en Sembrando Vida abre la puerta a posibles actos discrecionales. Si bien ahora no están los “coyotes” o gestores que había en programas de otros sexenios, ahora estas acciones las realizan los operadores de campo, como técnicos, facilitadores o coordinadores.

“No es la primera vez ni la última que esto pasa con un programa social. Al final del día lo que acaba sucediendo es que (son programas que) tienen una finalidad política partidista”, señala Elizondo. En términos de política pública, subraya, son programas que no garantizan que un derecho se haga consistente: “Es difícil que esto pase en Sembrando Vida, por todas las carencias que tiene desde la parte del diseño y también desde la operación concreta”.

Parcelas del programa. Foto: Sergio Rincón.

Denuncias que se quedan en el aire

En la huasteca veracruzana, donde hay altos índices de pobreza, existen 16 mil sembradores bajo la coordinación de Randú Ortiz Herrera.

En entrevista, al menos 22 agricultores dijeron que utilizaron parte del dinero del jornal que recibieron en los últimos meses —entre 12 y 20 mil pesos— para compensar las pérdidas de semillas, reponer materiales de sistemas de riego o adquirir árboles y así cumplir con el plan de trabajo del programa; de no hacerlo podrían ser sancionados o dados de baja, como se establece en las reglas de operación de Sembrando Vida.

Gonzalo y los integrantes de su CAC tienen al menos seis meses de retraso, pues no han podido conseguir las semillas o árboles frutales que están permitidos en su plan de trabajo de Sembrando Vida, el cual fue diseñado por los técnicos y facilitadores subordinados de Randú Ortiz.

“Nosotros —explica Gonzalo— quisimos plantar limón agrio y también guanábana, porque eso es lo que se da en esta región, pero nos dijeron que no podíamos hacerlo porque en el futuro generaríamos una sobreoferta. Esos son los árboles que sí se consiguen por aquí; árboles de pimienta, jamaica, no hay cerca, tendríamos que pagar más dinero para traerlos de lejos”.

Un sembrador de 54 años asegura que después de denunciar las acciones de técnicos y facilitadores han sido hostigados y relegados: no reciben capacitación en agroforestería ni en la producción de fertilizantes o sustancias para combatir las plagas.

“El programa es bueno, ha generado unión entre la comunidad, hay mucho trabajo por hacer, pero estas personas se lo han apropiado para sus intereses y eso no es justo”, comenta el sembrador, quien en marzo pasado envió una carta al subsecretario de Bienestar Raúl Paulín Hernández denunciando estos hechos.

No es la única carta de denuncia que ha recibido el subsecretario Paulín Hernández, quien es responsable de la operación del programa Sembrando Vida en todo el país. Al menos 100 sembradores han enviado cartas a Manuel Huerta, delegado de Bienestar en Veracruz; al secretario de Bienestar, Javier May; y al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Este tema, incluso, se ha mencionado en tres conferencias matutinas del presidente. Técnicos que renunciaron o fueron despedidos también han enviado cartas de denuncias a las autoridades.

El pasado 9 de julio, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, el subsecretario Raúl Paulín Hernández declaró que era poco probable que un técnico de Sembrando Vida pudiera presionar a un CAC para que comprara con un proveedor en específico.

“No meto las manos al fuego por los 4 mil 300 técnicos… Si bien es cierto que puede haber casos como estos, la misma comunidad ha puesto resistencia a este tipo de prácticas que eventualmente pudieran existir, y también las denuncian”, dijo Raúl Paulín Hernández. También aseguró que todas las denuncias recibidas han sido turnadas al órgano de control de la Secretaría de Bienestar.

A inicios de 2020, la Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que tenía registro de 28 denuncias, sin embargo, al contestar una solicitud de información en el pasado mes de julio, la dependencia aseguró que no hay denuncias.

Videos en poder de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas muestran que Raúl Paulín Hernández ha sido increpado, al menos en tres ocasiones, por sembradores de la huasteca veracruzana. Frente al coordinador Randú Ortiz Herrera, estos le han expuesto de manera detallada cómo opera el esquema de proveedores “consentidos” y las presiones que han recibido por parte de técnicos y facilitadores.

En 2019, cuando el entonces subsecretario Javier May era responsable de Sembrando Vida, también recibió denuncias en contra del coordinador territorial de Córdoba, Hugo Trujillo Fritz.

En una carta que el sembrador Roberto Lagunes, de un CAC del municipio Manlio Fabio Altamirano, envió al delegado Manuel Huerta Ladrón de Guevara, se describe que los técnicos Francisco Galia y Miguel Rincón —quien fue candidato a presidente municipal de Manlio Fabio Altamirano por el Partido Encuentro Solidario (PES) en las pasadas elecciones— fueron intermediarios para la compra de plantas y un sistema de riego que costó 132 mil pesos, y que terminó siendo facturado a una persona física llamada Ignacio de la Hoz Arvizú.

En julio de 2020, tras interponer la denuncia, los técnicos y Trujillo Fritz emitieron una amonestación contra el sembrador Roberto Lagunes, supuestamente por abandonar su unidad de producción. Un mes más tarde, le notificaron que fue dado de baja de Sembrando Vida; así lo muestran documentos en poder de Ethos Laboratorio de Políticas Públicas.

En 2020, la Secretaría de Bienestar, por medio de la Plataforma Nacional de Transparencia, informó que en sus archivos no cuenta con denuncias en contra de funcionarios de Sembrando Vida. Por su parte, Función Pública mantiene en revisión la denuncia del caso de Roberto Lagunes.

A casi dos años de que se presentó la denuncia, Roberto Lagunes no tiene respuesta: “El caso quedó impune, jamás pude volver al programa. Tenía 500 pesos en la tarjeta y me cancelaron la tarjeta y perdí el dinero. Fue en octubre del año pasado. Es una vergüenza todo lo que está pasando en el programa”.

El exsembrador dice que aún cuida los árboles que sembró con el programa gubernamental, pero asegura que solo dejará en pie 800 limoneros. Su plan es talar los árboles maderables, porque ya no puede con los gastos de mantenimiento.

“Los voy a talar para sembrar pasto y comprar algunas vaquitas. Es ridículo sembrar árboles maderables, porque tengo 60 años, la producción de madera no la van a ver ni mis hijos, ¿quién los va a cosechar? ¿Mis nietos? ¡Esa planeación estuvo muy mal!”, dice el exsembrador del municipio de Manlio Fabio Altamirano.

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