Florian Tudor ingresó al reclusorio Norte tras cumplimentarse una orden de aprehensión en la Ciudad de México. Sin embargo, el empresario señalado de liderar una red criminal que opera en Quintana Roo, misma que habría sustraído más de mil 200 millones de pesos en cajeros automáticos, se resistió al arresto y tuvo que ser llevado entre gritos y forcejeos.
En un comunicado, la Fiscalía General de la República (FGR) indicó que durante la diligencia, un agente del Ministerio Público Federal intentó obstaculizarla y el abogado de Florián Tudor agredió a golpes a los agentes de la Policía Federal Ministerial; “ambos individuos también fueron sometidos y detenidos, para ponerlos a disposición del Ministerio Público Federal, por los delitos que correspondan”, señaló.
En varios videos se observa cómo autoridades cargan al empresario rumano, ante su resistencia al arresto, llevándolo a través de las instalaciones de la FGR a un vehículo de la dependencia.
Su captura derivó de una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual fue otorgada por un juez federal, ya que el gobierno de Rumania busca juzgarlo por los delitos de delincuencia organizada, extorsión y tentativa de homicidio agravado. De acuerdo con registros judiciales, Florian Tudor ha tramitado 15 juicios de amparo en cinco juzgados de Quintana Roo.
Se le han negado 11 suspensiones definitivas y tres asuntos más han sido sobreseídos. Sin embargo, cuenta con una suspensión que impide que sea deportado o extraditado en estos momentos. Julio César Ortiz Mendoza, titular del Juzgado Octavo de Distrito con residencia en Cancún, Quintana Roo, concedió la suspensión provisional.
Desde hace dos años, la FGR buscaba aprehender al rumano, pero tropezó en su primer intento. El 11 de mayo de 2019, Florián Tudor fue detenido en el municipio quintanarroense de Cancún, tras un operativo de la FGR y de la Secretaría de Marina, cuando buscaban armas de fuego. Sin embargo, el cateo se realizó “de forma incorrecta”.
Lo anterior propició que una juez federal calificara de ilegal la detención y ordenara su libertad, además de anular todas las pruebas que obtuvo la FGR. La resolución fue confirmada por el Segundo Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo. En una audiencia, celebrada el 17 de septiembre de 2019, el juez de control decretó la nulidad del acuerdo de aseguramiento de 13 de mayo de dicho año, porque consideró que dicha determinación se sustentó en una orden de cateo que no cumplió con las formalidades legales.
Tudor, buscado en Rumania por presunto homicidio y delincuencia organizada En marzo pasado, los jueces del tribunal de Bucarest, en Rumania, concedieron una orden de aprehensión contra el empresario a quien se le ha relacionado con la llamada mafia rumana o Banda de la Riviera Maya, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos de México.
Se le imputan los delitos de intento de asesinato, chantaje y constitución de una red de delincuencia organizada, hechos por los que seis de sus colaboradores fueron condenados a penas de entre tres y 10 años de prisión.
En México, Tudor fue denunciado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias por presuntamente encabezar una red de clonación de tarjetas, lavado de dinero y trata de personas. Tudor ha manifestado que hay una persecución en su contra y ha denunciado haber sido víctima de abusos de autoridad e intento de extorsión.
El 26 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó que fuera recibido por Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), quien lo atendió la primera semana de marzo y le proporcionó una cita para el 12 del mismo mes ante la UIF, a la cual no asistió perdiendo así su derecho de audiencia ante la autoridad hacendaria.
SCJN rechaza atraer caso de Florian Tudor En febrero de este año, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó ejercer su facultad de atracción para conocer el juicio que entabló el rumano contra la FGR por el aseguramiento de dos propiedades. La Sala de la Corte desechó la petición porque ni uno de los cinco ministros que la integran decidió hacer suya de oficio la solicitud de atraer el asunto.
