Luego de que el 4 de mayo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió a pequeños productores de la región carbonífera de Sabinas, Coahuila que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) siempre les comprará a ellos el carbón que utilice, el mercado en la zona se atomizó.
En cumplimiento de esa instrucción, en junio de 2020, la CFE anunció la compra de dos millones de toneladas de carbón por dos mil millones de pesos, a través de 60 adjudicaciones directas a productores de la región carbonífera de Sabinas, Coahuila.
Según un estudio de México Evalúa, esos 60 contratos se repartieron entre 15 microproductores y 15 pequeños productores, que se llevaron el 73 por ciento de la transacción; 17 medianos productores, que se llevaron el 16 por ciento, y 13 grandes productores, que acapararon el 11 por ciento.
Antes de eso, la repartición del mercado era distinta: el 73 por ciento provenía de empresas grandes, 16 por ciento de empresas medianas, ocho por ciento de empresas pequeñas y el tres por ciento de microempresas y otro tres por ciento de productores individuales, según el estudio “Perspectivas de la industria del carbón e Coahuila”, de la organización WWF México.
Esa misma organización asegura que la práctica del minado subterráneo, que suele ser trabajado por mineros pequeños e independientes, no es ilícita, pero “frecuentemente incurre en irregularidades y omisiones, sobre todo en el ámbito de seguridad”, por la manera en que se labora en ellas.
En su estudio, WWF México detalla que extraer el carbón de las minas subterráneas implica utilizar cortadoras mecánicas y soportes hidráulicos y de autoavance que mantienen temporalmente el techo mientras se extrae el carbón, el cual una vez terminada la exploración de la zona, se colapsa.
Añade que los mineros que trabajan esos ‘pocitos’ extraen el carbón “entrando en minas verticales de entre 50 y 150 metros de profundidad en un tanque de acero tirado de un estrobo o barril, el cual también sirve para salir y llevar a la superficie el carbón que sacan a base de picar la tierra”.
Pero hay una práctica aún más riesgosa, advierte la organización: se trata de los productores que operan lotes cancelados de forma ilegal.
“Este tipo de minería es altamente riesgoso, ya que el techo de estas minas se sostiene únicamente con ademes de madera, además de que los mineros pueden sufrir intoxicación por gas metano y daños en los ojos y oídos, ya que no pueden usar lentes porque el polvo del carbón les bloquea la visión ni utilizar tapones para los oídos pues deben de poder escuchar si algún muro se rompe por la presión del agua subterránea”, describe.
El pasado lunes, el gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, reiteró su señalamiento sobre la presunta responsabilidad de la CFE, y de su titular, Manuel Bartlett, en el aumento de minas de carbón clandestinas y sus accidentes.
El mandatario culpó a Bartlett de cambiar el esquema de compra de carbón al darle más carbón a productores más pequeños y menos a productores grandes; acusó que eso provoca un “coyotaje”.
“La grandiosa idea de Manuel Bartlett de darles más carbón a los productores más pequeños y menos carbón a los más grandes, provoca un coyotaje que al final termina en la explotación de pozos sin la seguridad necesaria para poder cuidar de la vida de los trabajadores”, dijo en conferencia de prensa.
Compra a pequeños productores, “un éxito”: CFE
En febrero de 2022, la CFE informó que esa compra fue “un éxito, ya que contribuyó a la reactivación económica de la región carbonífera y permitió que, al eliminar intermediarios, una gran cantidad de empresas micro, pequeñas y medianas, se convirtieran en proveedores directos de la Comisión”.
Para la primera mitad de 2022, las adjudicaciones directas beneficiaron a 52 empresas de la región por un total de tres mil 845 millones de pesos.
El director Corporativo de Administración de CFE, Rubén Cuevas Plancarte, explicó que la adquisición de carbón coquizable para las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II, forma parte de una política social para apoyar a los micro, pequeños y medianos productores, ante la falta de desarrollo productivo en la región.
Las empresas que se beneficiaron este año de esa atomización del mercado fueron: Black Fossil, S.A. de C.V., RSY Minera S. de R.L. de CV., Desarrollos de Carbón El Arca S.A. de C.V., Grupo Sacu S.A. de C.V., Minera Dalma S.A. de C.V. Y Operadora y Suministros Vikcel S.A. de C.V, las cuales obtuvieron las adjudicaciones con los montos más altos, superiores a los 100 millones de pesos.
Otras empresa fueron: Fervim Ingeniería, King Crab Mining, Minera Epce, Comercializadora Armoyu, Arrendadora Y Servicios Del Norte Sa De Cv, Construcciones Transforma, Minera Jipa, Minera 3 Amigos, Transportes Somifer, Grupo Dorka Comercial, Distribuciones Industriales del Noreste, Coal del Norte, Minerales Don Chilo, Minerales y Derivados de Nueva Rosita, Beneficios Carboneros AJ, Sanluba, Infraestructura Minera Catamco, Coalfusion Mining & Processing, Minera El Retoño, Operadora Industrial Minera, Mineria y Energia Del Noreste, Proyectos y Construcciones Damm, Rino Plasma Steel, Fluorita De Muzquiz, Bildit, Minera Zeduvik, Carbonifera El Gato, Roberto Resendiz y Asociados, Explotacion de Carbon Cloete, Minera Fuga, Minería Especializada Libano, Morales Mining, Minera Los Arcángeles, Comercializadora Jomagga Del Norte, Bartelo, Desarrollos Carboneros Mexicanos, Multiservicios La Chata, Minera Carbonifera Las Cuatas, Carkim Industrial, Distribuidora de Minerales Jaque Mate, Regcar Servicios Industriales, Fletexpresso Sabinense, Minerales y Acarreos Del Norte, Cia. Minera El Pinabete, Minerales La Florida y Comercializadora Sabinas.
En junio de 2020, la CFE canceló un contrato de suministro de carbón con la comercializadora Corporativo Industrial Coahuila (Cicsa), subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), para las centrales termoeléctricas José López Portillo y Carbón II.
El argumento fue que se vendía a sobrecosto y que hubo impedimentos de tipo físico para seguir recibiendo el carbón estipulado en los contratos, “lo que por sí mismo constituyen causas justificadas para la terminación anticipada de estos».
La CFE aclaró que «los contratos firmados con Cicsa consideraron una duración de tres años (2019-2021), en los que se estipuló que la CFE compraría la cantidad total de 14.7 millones de toneladas. Sin embargo, el cálculo de las cantidades de carbón pactadas no consideró los pronósticos del despacho que tienen ambas centrales carboeléctricas, que debido a las reglas del mercado ha sido muy bajo».
En febrero de este año, la CFE realizó un ejercicio de inspección que permitió identificar, a tres empresas que incumplían con los permisos de operación en los predios reportados y a las cuales se les rescindió el contrato.
Además, a otras 13 empresas les fueron detectadas irregularidades como haber cumplido su contrato de manera puntual, pero sin acreditar la procedencia del carbón suministrado, o que no cumplieron con la normatividad exigida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), entre otras.
