En entrevista con MILENIO, el diputado Nazario Norberto, explicó que cuando inicie el próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso capitalino, presentará la iniciativa que pretende castigar penalmente a las personas que alteren, interrumpan, obstaculicen, dificulten o destruyan dolosamente el equipamiento urbano del transporte colectivo.
Agregó que, en caso de ser persona servidora pública, la pena sería de un año 8 meses, hasta 6 años 8 meses, con el objetivo de erradicar el presunto sabotaje. Las personas que sean penalizadas, serán las que realicen actos con dolo, mismos que serán ubicados a través de las cámaras de seguridad del Metro.
“Vamos a presentar unas iniciativas con proyecto de decreto, con disposiciones de tipo penal y cultura cívica, esto a fin de sancionar el sabotaje que ha sido objeto el Sistema de Transporte Colectivo. Nosotros estamos promoviendo el artículo 331 del código penal a efecto de que cualquier persona que altere, interrumpa, obstaculice, dificulte o destruya dolosamente el equipamiento urbano del transporte colectivo, será sancionado con una penalidad que estamos viendo nosotros, que sería de 1 a 4 años de cárcel”, comentó.
Indicó que también presentará una iniciativa para castigar hasta con 36 horas de trabajo a quien dañe, pinte, maltrate, ensucie o haga uso indebido del mobiliario del Sistema de Transporte Colectivo, el cual también será vigilado por las cámaras, pues “por eso están las cámaras para ver cómo lo hace la gente”.
“También estamos nosotros proponiendo a la Ley de Cultura Cívica, que haya un trabajo para aquellos que alteren, interrumpan, de hasta 36 horas de trabajo, para en efecto de que sea la pena que realice el trabajo para la comunidad, es el artículo 32 de la Ley de Cultura cívica. Estamos viendo que el dañar, el pintar, el maltratar, ensuciar o hacer uso indebido, eso es lo que específicamente estamos proponiendo para la Ley de Cultura Cívica, el artículo 32”, resaltó.
Señaló que una vez que presente las iniciativas a inicios de febrero, se mandarán a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia; se dictaminará; y en un lapso de 15 días a 30 días, se subirá al pleno para su aprobación, y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
“Nosotros en el Congreso pensamos que efectivamente hay gente que quiere dañar la imagen de la jefa de Gobierno, y por eso se está investigando qué es lo que está pasando, y consideramos si es sabotaje”, sostuvo.