Un juez federal rechazó amparar al ex senador Jorge Luis Lavalle Maury, quien enfrenta un proceso por presuntamente recibir un soborno de 97 millones 190 mil pesos y por lavar 52 millones 390 mil pesos para aprobar la reforma energética en el sexenio pasado.
Antonio González González, juez Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, determinó que la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al panista está fundada, debido al poder económico con que cuenta, los contactos que tiene y la incertidumbre del domicilio que habita, lo que hace factible el riesgo de fuga.
En la sentencia se menciona que la defensa de Lavalle Maury alegó que Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Norte, quien lo vinculó a proceso en abril, se dejó influenciar por los medios de comunicación, y dio validez a los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) al comparar el asunto con el “Estado Nazi”.
Sin embargo, el juez de amparo señaló: “no asiste la razón a la parte promovente cuando afirma que el juez de control debió ser especialmente escéptico al escuchar los argumentos de la Fiscalía que le proponían elementos emocionales atentatorios contra la dignidad, como la comparación con el Estado Nazi, el supuesto carácter de escándalo de corrupción más importante de América Latina, la supuesta y falsa privatización de los recursos energéticos a consecuencia de la reforma constitucional a los artículos 25, 27 y 28”.
La FGR imputó al panista por cohecho, porque en su calidad senador, de diciembre de 2013 a agosto de 2014, recibió en efectivo al menos la cantidad de 97 millones 190 mil pesos, dinero que recibió en diversas entregas, en los domicilios localizados en Avenida Paseo de la Reforma, esquina calle Milán, de la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, en contra esquina de la sede del Senado.
Así como el ubicado en calle Montes Urales, número 425, colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, Torre Corporativa que el ex director de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin, señaló como el lugar donde se entregaban los sobornos.
El dinero, según la FGR, fue entregado con la finalidad de que promoviera y emitiera su voto a favor del dictamen por el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones en materia energética y leyes secundarias.
También lo señaló por operaciones con recursos de procedencia ilícita, porque en el periodo comprendido entre abril y agosto de 2014, recibió recursos dentro del territorio nacional, en al menos la cantidad de 52 millones 390 mil pesos, mediante diversas entregas de dinero en efectivo, realizadas en el domicilio ubicado en calle Montes Urales, número 425.
Lo anterior, con el conocimiento de que dichos recursos procedían de una actividad ilícita. Peña y Videgaray Por lo que hace al delito de asociación delictuosa, la FGR indicó que Lavalle Maury junto con otros, formó parte de una asociación de hecho, desde abril de 2013 a agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas, tales como los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“Todo ello, con el objetivo principal de beneficiar a empresas trasnacionales, entre ellas la brasileña Constructora Odebrecht, ello en detrimento del patrimonio petrolero y energético que le pertenece a toda la nación mexicana, para lo cual Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, recibieron de constructora Odebrecht, sobornos por más de seis millones de dólares, los cuales, valiéndose de Emilio Ricardo Lozoya Austin, fueron depositados en una cuenta radicada en las Islas Vírgenes Británicas y, posteriormente, retirados en efectivo para Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray Caso, quienes a su vez, hicieron entrega de dichos recursos imputado, a través de la interpósita persona de Rafael Jesús Caraveo Opengo”, detalla la sentencia.
Domicilios y salidas
La FGR aseguró que Lavalle Maury habitaba diversos domicilios.
Uno en Río Rhin 82, departamento 203, colonia Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; otro en avenida Resurgimiento 10, Buenavista, en Campeche; un departamento 401 de colonia del Valle, alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, así como en el que se facturó una camioneta.
Agregó que se tiene registro que en sus declaraciones fiscales reportó una suma superior a los 26 millones 903 mil pesos, mientras que en las patrimoniales, en los ejercicios 2012-2018, tuvo ingresos superiores a los 14 millones 900 mil pesos.
De igual manera, hay registro de las facilidades que ha tenido para abandonar el país, pues se dio cuenta de al menos 18 entradas y 21 salidas, así como de pasaporte vigente.