Las fracciones del bloque opositor en la Cámara de Diputados (PAN, PRI, MC y PRD) promoverán una acción de inconstitucionalidad contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por la mayoría parlamentaria de Morena, PT y PES.
Así lo confirmó la coordinadora de la bancada perredista en el Palacio de San Lázaro, Verónica Juárez, al cuestionar la legislación al vapor, sin escuchar las voces de los especialistas que alertaron sobre violaciones a la Constitución y a tratados internacionales, además de un retroceso hacia la generación de energía más cara y contaminante.
“Vamos a organizarnos entre la oposición para presentar los recursos necesarios, entre ellos una acción de inconstitucionalidad, y esto requiere de un tercio de los diputados, que al menos serían 166”, puntualizó.
La diputada jalisciense precisó que la oposición tiene un plazo de treinta días, a partir de la publicación del decreto, para presentar la impugnación a la reforma eléctrica ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Mientras tanto, los legisladores del llamado G-4 recabarán las firmas necesarias y prepararán la documentación.
La lideresa parlamentaria del PRD lamentó que Morena y sus aliados desoyeran a la oposición y a los expertos, aunque admitió que era de esperarse a partir de una indicación que recibieron desde Palacio Nacional. Juárez subrayó que la reforma eléctrica viola tratados y convenciones en materia de medio ambiente y desarrollo sustentable, por lo que se esperan reacciones al respecto.
La diputada aseguró que el PRD insistirá en que la secretaria de Energía, Rocío Nahle, y el director de Pemex, Octavio Romero, comparezcan ante los diputados para revisar de manera integral la política energética y explicar por qué se registran más pérdidas que ganancias, pese a los subsidios.
Anticipó asimismo que todas aquellas organizaciones sociales y particulares que vean afectados sus derechos por esta ley presentarán también recursos jurídicos y habrá respuesta de la comunidad internacional, al ver violados convenios de los que México forma parte.