El papa Francisco reforzó su cruzada contra la corrupción dentro del Vaticano al aprobar hoy nuevas leyes para los funcionarios y eclesiásticos que trabajan para la Curia Romana, una decisión que se da tras los escándalos financieros respectos a las gestiones en inversiones de la Santa Sede.
A través de un «motu proprio», un documento papal, el papa Francisco exige que tanto directivos como personal administrativo que trabajan en la administración de la Iglesia católica declaren que no tienen condenas ni investigaciones por terrorismo, lavado de dinero o evasión fiscal.
Igualmente no podrán tener activos en paraísos fiscales ni invertir en empresas que operen «en contra de la doctrina de la Iglesia», informa el texto. «Está prohibido que todos los empleados acepten regalos por un valor superior a 40 euros (alrededor de 970 pesos)», subraya el documento.
El papa Francisco se comprometió a reformar las finanzas del Vaticano, escenario de numerosos escándalos por controvertidas inversiones y garantizar la transparencia de sus operaciones y funcionarios. Hasta el momento, las investigaciones vaticanas han revelado que se contrató a intermediarios financieros como el broker Gianluigi Torzi, a quien el Vaticano acusa de haberle engañado en la compraventa de un inmueble en Londres como parte de las inversiones realizadas por la Secretaría de Estado y que creó un agujero de cerca de 400 millones de euros en las arcas vaticanas.
La nueva medida atañe a todos los que se encuentran en los niveles funcionales C, C1, C2 y C3, es decir, desde los cardenales y jefes de dicasterios hasta los vicedirectores con contratos directivos de cinco años y a todos los que tienen funciones de administración jurisdiccional activa o de control y supervisión, explicó en una nota el Vaticano.
Tanto los prelados como los laicos deberán firmar una declaración asegurando que no han sido objeto de condenas, ni de juicios o investigaciones penales por corrupción, fraude, terrorismo, blanqueo de capitales, explotación de menores o incluso evasión fiscal. Estas personas tampoco podrán tener cuentas en efectivo o inversiones en países de alto riesgo por lavado de activos o financiamiento del terrorismo, en paraísos fiscales o participaciones en empresas que operan «contra la doctrina social de la iglesia», precisa el texto.
La secretaría de Economía «podrá realizar comprobaciones sobre la veracidad de las declaraciones realizadas por los declarantes, y la Santa Sede, en caso de declaraciones falsas, podrá despedir al empleado y reclamar los daños y perjuicios sufridos», advierte el papa.
«Tendrán que firmar una declaración en el momento de la contratación y después cada dos años», añade el documento firmado por el pontífice. Las nuevas reglas han sido tomadas tras las decididas el 19 de mayo de 2020, cuando el papa Francisco promulgó el nuevo código de contratación pública, tras considerar que era necesario, «porque la corrupción puede manifestarse en diferentes modalidades y formas», recuerda.
La Santa Sede además adhirió a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, con el fin de ajustarse a las mejores prácticas «para prevenir y combatir ese fenómeno en sus diversas formas».