Tras el asesinato de Jaime Jiménez Ruiz, exagente municipal de Paso de la Reyna, comunidad perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec en la región de la Costa de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) exigió la intervención inmediata del Estado mexicano para detener la ola de violencia en la población.
Jaime Jiménez falleció este 28 de marzo a causa de los impactos de bala que recibió. A partir de este crimen, suman cinco defensores del Río Verde que han sido asesinados por su activismo contra uno de los proyectos hidroeléctricos en esta comunidad.
En enero de este año se registró el homicidio del defensor ambiental e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), Fidel Heras, mientras que a mediados de marzo ocurrieron otros tres crímenes y apenas este fin de semana, una persona más fue asesinada.
La Defensoría de Oaxaca integró este último asesinato en el expediente de queja DDHPO/0189/(09)/OAX/2021, dentro del cual solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSPO) establecer mecanismos de seguridad para la población en general, pero particularmente para las personas defensoras de tierra y territorio; de igual forma, pidió colaboración a la Guardia Nacional para realizar recorridos disuasivos en la zona.
A partir de esto, el organismo autónomo informó que se han dictado medidas cautelares colectivas para la comunidad de Río Verde, así como para las víctimas indirectas de la escalada de agresiones. «Frente al contexto de inseguridad y agresiones que priva en la localidad perteneciente a la región de la Costa, el organismo consideró fundamental la presencia de elementos de la SSP y Guardia Nacional para inhibir este tipo de actos», declaró.
Estos crímenes se registran en el contexto de defensa de tierra y territorio por parte de toda una comunidad, ante lo cual la DDHPO pidió a la Fiscalía que una de las líneas de investigación para esclarecer estos hechos sea precisamente esa la condicionante.
La DDHPO refirió que entre 2015 y hasta febrero de 2021 ha iniciado 234 indagatorias relacionadas con violaciones a derechos humanos cometidas contra personas defensoras de derechos humanos.
Finalmente, la Defensoría llamó a las autoridades a implementar una política que les permita identificar los posibles patrones de ataques, agresiones y obstáculos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo el actuar de grupos armados ilegales y entidades del crimen organizado, así como empresas que puedan estar involucrados en ataques e intimidaciones contra defensores, líderes comunitarios y pueblos indígenas o afrodescendientes.