La Sección Instructora de la Cámara de Diputados declaró procedente el desafuero del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, por un daño de 6 millones 511 mil 777 pesos y 57 centavos al fisco federal, que a su juicio acredita el delito de defraudación fiscal sancionado con una pena de tres a nueve años de prisión.
No obstante, el órgano jurisdiccional consideró “parcialmente acreditada” la acusación de la FGR contra el mandatario tamaulipeco panista como responsable de operaciones con recursos de procedencia ilícita y evitó por ello una conclusión que pudiera “sobrepasar” el principio de presunción de inocencia.
De acuerdo con el dictamen que el pleno cameral erigido en Jurado de Procedencia votará mañana viernes, García Cabeza de Vaca consignó en su declaración anual del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a 2019 ingresos por 6 millones de pesos, cuando en realidad obtuvo 42 millones 936 mil, según la Procuraduría Fiscal de la Federación.
“El contribuyente omitió parcialmente el pago de impuestos federales, obteniendo con dicho accionar un beneficio indebido para sí, y en perjuicio del fisco federal, por la cantidad de $6.511.777.57 (seis millones quinientos once mil setecientos setenta y siete pesos 57/100 moneda nacional)”, determinó la Sección Instructora.
Por ello y atendiendo a los criterios y principios que rigen la política criminal y el sistema jurídico penal mexicano, señala el dictamen, se puede afirmar que la conducta prevista en el artículo 109 del Código Fiscal de la Federación se actualiza en el caso que nos concierne.
“El acusado se sitúa en la hipótesis delictiva consistente en consignar en sus declaraciones deducciones falsas o, en este caso, ingresos menores a los realmente obtenidos”, remarcó.
Por lo que hace a la imputación por operaciones con recursos de procedencia ilícita, la Sección Instructora expuso “dudas lógico jurídicas” sobre la licitud de las ganancias de García Cabeza de Vaca durante los últimos años, pero estimó pertinente dejar la comprobación de los elementos del tipo penal a las autoridades encargadas de la procuración e impartición de justicia.
Según la acusación de la FGR, el gobernador, “valiéndose de cargos públicos, amasó una fortuna millonaria con una treintena de propiedades ocultas en Texas y el estado de Tamaulipas, a través de bienes ocultos con prestanombres de su círculo familiar, principalmente su madre, esposa y hermanos, cuyo valor aproximado asciende a más de 951 millones a valor actual”.