La diputada Karen Castrejón Trujillo, del Partido Verde Ecologista de México, propuso reformar el artículo 27 de la Constitución para establecer que el Estado deberá establecer las políticas necesarias para la Transición Energética.
“El Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la Nación, con el fin de reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias para esta transición”, plantea.
También propone un plazo de un año, para que el Ejecutivo federal realice la armonización normativa que se requiere para cumplir el decreto, “ya que será necesaria la actualización de los instrumentos previstos en la LTE, principalmente la Estrategia de Transición para Promover el Uso de Tecnologías y Combustibles más Limpios, el Programa Especial de la Transición Energética, y el Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía”.
La legisladora señaló que al elevar la transición energética a rango constitucional, se hará frente a la crisis climática, se garantizará el derecho constitucional de toda persona a un medio ambiente sano, y coadyuvará al cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna”.
En México, de acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero (INEGYCEI), las principales fuentes de emisión en 2019 fueron: la generación de energía eléctrica (23%), autotransporte (18.5%) y por los bovinos (fermentación entérica y manejo de excretas, 13.2%).
“Lo anterior significa que, tanto en México como en todo el mundo, la generación y usos de la energía son las actividades que generan mayor cantidad de gases de efecto invernadero, de modo que la transición energética es una condición necesaria para cumplir con los compromisos climáticos de nuestro país”, señaló.
La iniciativa se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales para su dictamen, y a la Comisión de Energía para opinión.
