Ranulfo Hernández Bautista, representante de personas desplazadas de Ndoyonuyuji, así como los agentes de Mier y Terán y de Guerrero Grande, en San Esteban Atatlahuca, informaron que la asamblea general de vecinos de Guerrero Grande determinó no permitir la entrada de ninguna persona el 23 de julio próximo, fecha en que 58 familias desplazadas anunciaron su regreso.
Esto a propósito de un escrito de familias desplazadas de Guerrero Grande, dirigido al Defensor de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca en días pasados, para informar que el 23 de julio regresará un grupo de personas a la comunidad, “con o sin acompañamiento” de las autoridades estatales y federales.
Hernández Bautista acusó que estas personas que planean regresar participaron en la desaparición de Mayolo Quiroz Barrios, Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño y Donato Bautista Avendaño, por quienes el Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió acciones urgentes en enero pasado.
“Por lo tanto la asamblea general de vecinos de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca, se declara en vigilancia permanente y no permitirá que ninguna persona acceda a la comunidad de Guerrero Grande, San Esteban Atatlahuca el día 23 de julio de 2022”.
Además, también responsabilizan a estas personas desplazadas de los homicidios de Jacinto Hernández Barrios e Isidoro Hernández, así como del saqueo y la quema de más de 100 casas, durante los días 21, 22 y 23 de octubre pasados, en Guerrero Grande y Ndoyonuyuji.
Acusan amenazas
Los agentes de Guerrero Grande y Mier y Terán, así como el representante de los desplazados Ranulfo Hernández, denunciaron también la presencia de grupos armados, detonaciones de armas de fuego y amenazas contra las personas que se refugian en el albergue del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) de Tlaxiaco.
Informaron que el 22 de junio pasado, vecinos del paraje Shini Too, en la comunidad de Mier y Terán, escucharon detonaciones de arma de fuego que provenían de la comunidad de Ndoyonuyuji alrededor de las 19:00 horas, que duraron alrededor de 20 minutos.
Posteriormente, personas desplazadas de Ndoyonuyuji, que se refugian en el albergue del INPI de Tlaxiaco, afirmaron que en diversas ocasiones han visto a personas desconocidas que llegan al albergue “con la intención de causarles daño”.
Estos hechos, informaron, ya fueron denunciados ante el agente del Ministerio Público de Tlaxiaco, en la región Mixteca de Oaxaca.
Piden justicia
Finalmente, demandaron a la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) investigue y judicialice a los responsables de los hechos delictivos en los que desaparecieron los Mayolo Quiroz Barrios, Marco Quiroz Riaño, Miguel Bautista Avendaño, Donato Bautista Avendaño, así como los homicidios de Jacinto Hernández Barrios e Isidoro Hernández, y la quema de más de 100 casas en Guerrero Grande y Ndoyonuyuji.
“Para que no prevalezca la impunidad en la cual se escudan los responsables de desplazamiento forzado interno y desaparición forzada de personas, solicitando también que el gobierno del estado de Oaxaca deje de proteger a las autoridades de San Esteban Atatlahuca por conducto del secretario General de Gobierno del Estado, Francisco Javier García López, y de la Coordinadora para la Atención de Derechos Humanos, Norma Reyes Terán, personas a las que responsabilizamos de cualquier hecho violento que se llegue a dar el día sábado 23 de julio del 2022”.