El Senado de la República remitió al Ejecutivo para su publicación la minuta que reforma diversas leyes para aplicar prisión preventiva oficiosa a delitos considerados graves como el feminicidio, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, violencia sexual contra menores, corrupción, desaparición forzada, robo al transporte de carga y huachicol; y excluyó del catálogo de delitos aquellos de carácter violento que se cometan con armas de fuego réplica.
Con 62 votos a favor, 36 en contra y una abstención, los legisladores aprobaron la reforma, que tuvo su origen en el Senado, en julio de 2020, donde se establece la legislación secundaria relacionada con la modificación al artículo 19 de la Constitución Política, que amplía el catálogo de delitos graves a los que se les aplicará esta figura jurídica.
La asamblea respaldó el cambio que planteó la Cámara de Diputado para descartar la aplicación de la prisión preventiva oficiosa a los delitos cometidos con arma réplica -como se establecía en la propuesta original-, pues consideró que esta disposición se extralimita, al legislar más allá de lo ordenado por el decreto constitucional.
Los senadores coincidieron en que aplicar esta figura a los delitos cometidos con armas réplica, implicaría la creación de un tipo penal que no fue incorporado por el Constituyente Permanente en el artículo 19 de la Constitución Federal.
En su intervención, la senadora del PRI, Claudia Ruiz Massieu, dijo que una medida cautelar que debería constituir un recurso excepcional, en la práctica funcionará como una pena anticipada de aplicación general a un catálogo de delitos cada vez más amplio. “Una ampliación que atenta contra el principio de presunción de inocencia, fundamental para nuestro sistema penal acusatorio, una ampliación que válida en los hechos la restricción a la libertad de una persona sin que para ello se deba probar su absoluta necesidad”, añadió.
Ya chole del abuso de la prisión preventiva: Zepeda En tanto, el senador del PAN, Damián Zepeda explicó que la prisión preventiva oficiosa representa meter a la cárcel a gente sin haberles probado si son culpables.
“No quiere decir que haya mano dura contra el crimen, quiere decir que con el sólo hecho de que el Ministerio Público, las fiscalías digan que una persona cometió el delito, no prueben, digan, lo acusen nada más, con eso esa persona va a pasar todo el juicio en la cárcel…¿Saben cuánto puede durar la medida cautelar de prisión preventiva?, un año. ¿Les parece justo que alguien pase en la cárcel un año sin que le hayan probado que es culpable?, a mí no.
Ya chole del abuso de la prisión preventiva”, destacó. Por otra parte, el senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, recordó que la Comisión Nacional de Derechos Humanos y múltiples organizaciones de la sociedad civil han señalado el equívoco de la prisión preventiva oficiosa. “Claramente hay errores porque es un modelo esencialmente que se conoce como populismo punitivo, es pensar que con el incremento de las penas, es pensar que con mayores sanciones se disminuiría el delito”, añadió.
El senador Eruviel Ávila Villegas, del PRI, respaldó el dictamen y expuso la importancia de incluir la portación ilegal de armas de fuego dentro del catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, pues más de la mitad de los homicidios en México, durante la última década, se han llevado a cabo con estos artefactos.
