La Comisión Permanente de Vigilancia del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Fiscalía General de la República (FGR) investigar a funcionarios que participaron en un evento de proselitismo político del PRI en San Juan Bautista Tuxtepec, que se realizó el pasado 19 de octubre de 2020.
El acuerdo aprobado al interior de la comisión, pide que la investigación sea de oficio a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), por los delitos electorales que se hayan cometido por la participación de servidores públicos estatales, “en un acto proselitista a favor del PRI, realizado el día lunes 19 de octubre de 2020 en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca”.
También solicita al gobernador Alejandro Murat Hinojosa para que en uso de sus facultades constitucionales y legales, instruya a quien corresponda, el inicio inmediato de los procedimientos legales o de responsabilidad administrativa a que haya lugar.
Lo anterior con el fin de sancionar y en su caso destituir a los servidores públicos que participaron en la organización y conducción del evento de proselitismo político.
De la misma forma, exige al mandatario estatal que ajuste su actuar al marco legal y constitucional, manteniendo su neutralidad en el proceso electoral local 2020- 2021, a efecto de garantizar la equidad en la contienda electoral local.
El 19 de octubre de 2020 se difundió en diversos medios de comunicación una reunión de políticos del PRI con alrededor de 300 personas en un salón de San Juan Bautista Tuxtepec; la actividad era para inaugurar los trabajos políticos de este partido de cara al inicio del proceso electoral local en que se elegirán las diputaciones locales y las presidencias municipales.
En ese acto político participaron al menos tres funcionarios estatales: Antonio Amaro Cancino, actual titular de la Coordinación de Protección Civil del Estado de Oaxaca (CEPCO); Gabriel Cué Navarro, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) y Gabriela Pérez, directora del Instituto de la Juventud Oaxaqueña.
“Llama la atención porque abiertamente es un acto proselitista del PRI, en el que de manera evidente se utilizó de manera perversa con fines electorales, no sólo la investidura de los funcionarios en la mesa del presidium, sino que además se dijo que era por instrucciones del gobernador Alejandro Murat Hinojosa”, explica el dictamen.
La participación de los funcionarios en apoyo a su partido sí es un delito electoral, de acuerdo con la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cuya sanción es la imposición de una multa de 200 a 400 días de multa y prisión de dos a nueve años, según el artículo 11, fracción cuarta.