Por «refrendar su posición para incumplir» las sentencias de la Sala Superior, el Tribunal Electoral impuso amonestaciones públicas al coordinador del grupo parlamentario de Morena, Ignacio Mier; del PVEM, Carlos Puente, y del PT, Gerardo Fernández Noroña.
Además, dio tres días a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para retirar a un diputado de la Permanente y darle su lugar a Movimiento Ciudadano.
Ante las reiteradas sentencias a la Cámara de Diputados para que cumpla con darle un espacio en la Comisión Permanente a Movimiento Ciudadano, la Sala Superior aprobó nuevamente con el voto en contra de la magistrada Mónica Soto y la ausencia de su par José Luis Vargas, imponer una última prórroga y comenzar a aplicar sanciones contra los diputados que se resisten a acatar.
En votación privada, las magistraturas aprobaron por mayoría de votos el proyecto de Felipe de la Mata Pizaña que consideró que los argumentos que ha dado el presidente de la Jucopo «no son suficientes para tener por cumplido lo ordenado».
Por lo que impusieron «una amonestación a las diputaciones representantes de los grupos parlamentarios que refrendan la posición de no cumplir las resoluciones de esta Sala Superior, es decir, a los diputados Moisés Ignacio Mier Velazco, Carlos Alberto Puente Salas y José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, de los grupos parlamentarios Morena, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo, respectivamente», punto en lo que además de Soto se manifestó en contra el magistrado Indalfer Infante Gonzáles.
Además, vincularon a la Jucopo para que «en tres días, contados a partir de la notificación de la sentencia, lleve a cabo las gestiones necesarias para que la Comisión Permanente convoque al pleno de la Cámara de Diputados e integre de forma plural y representativa a la Comisión Permanente, de manera que todos los grupos parlamentarios de esa Cámara se encuentren representados en ella.
«Que actualice el marco normativo para que se asegure que la integración de la Comisión Permanente será representativa de todos los grupos parlamentarios. Esta normativa deberá concretarse y entrar en vigor antes del inicio del próximo periodo de receso del Congreso de la Unión».
La sentencia incluye la advertencia de que «en caso de persistir el desacato» el siguiente nivel serán medida de apremio y recurrir a otras instancias incluso de orden penal.