La minera canadiense Americas Gold and Silver indicó que este domingo logró recuperar la total posesión de la mina de San Rafael en Cosalá, Sinaloa, pues tiene libre acceso a las instalaciones, luego de que un pequeño grupo de trabajadores mantuvo un bloqueo por más de 19 meses.
Resaltó que esto les permitirá un regreso seguro a sus empleados, así como el reinicio de operaciones que se realiza en los términos del acuerdo del 6 de julio, suscrito entre la compañía y el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia.
Asimismo, sostuvo que, con el libre acceso, la empresa inicia un plan de inversión inmediato para un reinicio seguro de la producción, que también incluye la atención de las observaciones que realizó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con el objetivo de garantizar seguridad laboral en los rubros de salud e higiene, dentro del contexto de la pandemia del covid-19.
“Lo anterior se suma a los varios millones de dólares de una nueva inversión de capital que se destinará anualmente para fortalecer la operación de manera ininterrumpida”, agregó en un documento.
Además, aseveró que los representantes de dicha dependencia llevaron a cabo una visita de inspección y concluyeron que no existen riesgos de seguridad industrial para el inicio de operaciones, como tampoco que los empleados “estuvieran en condiciones de trabajo irregulares, como falsamente se afirmó en repetidas ocasiones”, sostuvo.
En tanto, el mes pasado, la minera solicitó la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, de la Secretaría de Gobernación, Trabajo y Previsión Social y Economía, para reabrir la mina, ya que los representantes del sindicato no habían cumplido con los compromisos adquiridos en el acuerdo de julio, por ello, en el reciente comunicado, la empresa agradeció al ejecutivo federal y dependencias involucradas, que también fungieron como mediadores y testigos de dicho pacto.
“De igual manera, la compañía agradece la mediación de los representantes del gobierno de México y confía en que seguirá contando con el apoyo de las autoridades para que hechos como el ocurrido, sin ninguna base legal, nunca vuelvan a suceder”, destacó.
Además, mencionó que la actividad minera representa aproximadamente 70 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de la región, por lo que subrayó que en todo momento, los más de 300 trabajadores y sus familias solicitaron el retorno a su fuente de trabajo y la recuperación de sus ingresos, a lo que sumó que la comunidad de Cosalá se vio afectada de forma grave durante estos 19 meses.