En un lapso de 24 horas, el gobierno de Oaxaca ha sido señalado en tres ocasiones de reprimir la protesta social y violentar el derecho a la libre manifestación, lo anterior luego de retirar de forma violenta dos manifestaciones del Palacio de Gobierno, mediante fuertes operativos de la Policía Estatal y tras el intento de desalojo de campesinos que mantienen suspendidas las obras del Tren Transístmico, hechos registrados en la ciudad de Oaxaca y la región del Istmo de Tehuantepec.
En los tres casos, las acciones fueron cometidas en contra de pobladores de comunidades indígenas triquis, zapotecas y ayuujk o mixes, aunque en el intento de desalojo las acciones fueron encabezadas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), es decir, por el gobierno federal.
Los señalamientos se dan luego de que entre el lunes y el martes la administración de Salomón Jara (Morena), a través de la Secretaría de Gobierno (Segob), ordenó el desalojo de un reducido grupo de mujeres triquis desplazadas desde hace 12 años de San Juan Copala, que protestaban de manera pacífica en dicho recinto, y de unos 150 pobladores de Santiago Xiacuí, población de la Sierra Norte de Oaxaca.
En ambos casos, el gobierno estatal, a través de Jesús Romero López, titular de la Sego, justificó su actuar manteniendo un discurso respecto a que «no cederá a presiones, ni chantajes»; sin embargo, también en los dos desalojos el funcionario descalificó la validez de las protestas.
«Vendían en lugar prohibido»
En el primero de los casos asegurando que Lorena Merino, la lideresa de las desplazadas triquis, era “dirigida” desde Polanco, ironizando que viajaba de forma constante a la Ciudad de México y asegurando que sus acciones estaba orientadas a “desestabilizar” al gobierno de Jara Cruz. Previamente, anunció que los acuerdos para la entrega de una serie de apoyos habían quedado sin validez dado que las mujeres habían incumplido con una cláusula en la que se comprometían a “no manifestarse”.
Sobre este desalojo, el gobierno también aseguró que se realizó “vigilando protocolos de respeto a derechos humanos” y justificando el uso policial argumentando que las mujeres estaban vendiendo en un lugar prohibido, los cual ha sido rechazado por las inconformes.
«Ellos cerraron los accesos»
Mientras que en el segundo, Romero López justificó la participación de unos 50 policías estatales bajo el argumento de que los manifestantes cerraron los accesos a palacio y retuvieron a 300 personas dentro, por lo que aseguró que “no se negocia con grupos que pretenden presionar tomando rehenes para lograr intereses particulares”.
Además, aseguró que el dirigente de los inconformes está vinculado con un partido político que lo protegió y tuvo cinco relecciones y “está molesto porque ya no tiene privilegios”.
Indagan violaciones a derechos humanos
Aunque tras los hechos el gobierno de estatal se dijo “respetuoso de la protesta social” y que garantiza el derecho a la libre manifestación”, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) inició una investigación sobre presuntas violaciones a los derechos humanos de los pobladores de Xiacuí, quienes fueron retirados con golpes y gases.
Mientras que organizaciones como el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente y la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo calificaron el actuar del gobierno morenista como represión.
“Reprobamos enérgicamente y nos pronunciamos en contra del uso excesivo de la fuerza policial usada por el gobierno de Oaxaca, encabezado por Salomón Jara (…) nos solidarizamos con las víctimas de esta acción de represión del gobierno estatal”, se pronunció la organización triqui.
Mientras que la periodista y defensora Soledad Jarquín Edgar condenó el uso de elementos policiales en contra de pobladores y pidió al gobernador Salomón Jara que atienda las problemáticas.
“Así no, Salomón Jara, es indigno tratar al pueblo de esa manera. Si quieres un zócalo sin protestas resuelve los problemas de Oaxaca porque vienen más y te falta mucho”, escribió en Twitter.
