Un Tribunal Federal ratificó el amparo otorgado al empresario Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México (AHMSA), quien reclamó que un agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) sumó delitos, que no tenía, en la petición formal de extradición.
La resolución no afecta el proceso penal que enfrenta Alonso Ancira por su probable responsabilidad en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero le da la razón de que el fiscal incurrió en irregularidades.
En el expediente judicial también se menciona que el titular de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGR informó al Tribunal que se inició una carpeta de investigación a partir de los sucesos denunciados por el empresario. Por unanimidad, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México confirmó el amparo concedido por Sandra Leticia Robledo Magaña, jueza Primera de Distrito de Amparo en Materia Penal.
En el expediente se señala que Miguel Ángel Ortega, fiscal ejecutivo titular adscrito a la Dirección de Procedimientos Internacionales de la FGR, elaboró una declaración jurada en apoyo de la petición formal de extradición que el gobierno de México presentó a España a través de la Nota Diplomática ESP01884/2019.
En la declaración, el fiscal aseguró que Alonso Ancira se encontraba siendo investigado por diversos delitos al pedido en extradición, es decir, que además de operaciones con recursos de procedencia ilícita, también se le indagaba por “cohecho” y “uso indebido de atribuciones y facultades”, éste último que solo se aplica contra servidores públicos.
Ante esta situación, Alonso Ancira solicitó en su momento al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte (quien ordenó su aprehensión y que en febrero lo vinculó a proceso), le informara si el hecho narrado por el fiscal a las autoridades españolas, derivaban de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000289/2019, la cual dio origen al pedido de extradición.
El empresario pidió que le fueran entregados los antecedentes de dicha investigación que según el fiscal manifestó en su declaración jurada, porque solo estaba enterado que existía una orden de captura por el presunto delito de lavado de dinero.
Como no tuvo respuesta, Ancira Elizondo promovió el amparo, donde reclamó que las autoridades violaron sus derechos humanos de legalidad, seguridad y libertad, porque fueron omisas en manifestarse la calidad que ostenta, como imputado o investigado, en las carpetas de investigación que estuvieran abiertas. La juez determinó que el fiscal debía explicar por qué lo hizo, con qué fundamentó y por qué difundió información secreta.