En un comunicado, la UIF informó que desde el 11 de mayo, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito negó el amparo que promovió el ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio panista de Felipe Calderón, tras acreditarse que se inmovilizaron sus activos en el sistema financiero por una solicitud internacional.
Sin embargo, MILENIO reveló en febrero que Genaro García Luna sólo tiene 21 mil pesos en sus cuentas bancarias mexicanas, pero se le acusa de haber transferido a Estados Unidos, la mayor parte de los 745 millones de dólares que obtuvo con contratos del gobierno federal en los últimos sexenios panistas y priistas, para adquirir decenas de propiedades, principalmente en Florida.
La UIF recordó que desde 2020, García Luna promovió un amparo en contra del acuerdo para incluirlo en la Lista de Personas Bloqueadas, para que no pudiera realizar ningún tipo de movimiento en el sistema financiero mexicano.
Desde el 16 de mayo de 2022, un juez de distrito confirmó que se le incluyó en la LPB por una solicitud de la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés), pero García Luna interpuso otro recurso en contra de esta determinación.
El ex secretario de Seguridad Pública, actualmente preso en Estados Unidos, alegó que no se respetaron sus garantías del debido proceso para emitir esta decisión, lo que fue rechazado y se confirmó, en definitiva, la negativa a su petición.
“El 11 de mayo de 2023, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito confirmó la resolución del Juez de Distrito y negó el amparo a Genaro García Luna, al establecer en identidad de razonamiento que la resolución fue apegada a derecho y en la secuela procesal la UIF demostró que el origen de la inclusión a la LPB fue en cumplimiento a una obligación de carácter internacional en términos de los criterios establecidos por la Segunda Sala de la SCJN”.
En los últimos meses, se ha ordenado liberar varias cuentas bancarias de la red de García Luna, incluidas las de su esposa Linda Cristina Pereyra. Hasta la fecha, la UIF sólo tiene retenidos cuatro millones de pesos de las decenas de empresas y personas vinculadas a las investigaciones en su contra.