Al subrayar que erradicar la corrupción en el gobierno es uno de los objetivos centrales de la Cuarta Transformación, Morena propuso en el Senado de la República la inhabilitación por 20 años de los servidores públicos que posean directa o indirectamente bienes o capitales de cualquier naturaleza en paraísos fiscales.
La senadora Nestora Salgado presentó una iniciativa que reforma y adiciona el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, como parte de la estrategia para combatir frontalmente el desvío de recursos, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo.
En la exposición de motivos, la legisladora por Guerrero, señala que los paraísos fiscales conllevan pérdidas para el erario público, opacidad, confidencialidad de la identidad del operador, limitación de la responsabilidad de los operadores, menor reglamentación para las sociedades comerciales y ocultamiento de las operaciones.
Nestora Salgado destaca en su propuesta que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) identificó a 87 contribuyentes mexicanos –personas físicas y morales- que están en los registros de los Paradise Papers.
Sostiene además que se calcula que la riqueza estacionada en los paraísos fiscales alcanza una cifra cercana a los 7.6 billones de dólares, mientras que las pérdidas tributarias anuales por impuestos personales a nivel global, llegan aproximadamente a 189 mil millones de dólares, de los cuales 21 mil millones corresponden a pérdida de contribuyentes latinoamericanos.
La senadora de Morena señala en su iniciativa que en el mundo están identificados 92 paraísos fiscales como Bermudas, Emiratos Árabes Unidos, Gibraltar, Granada, Hong Kong, Bahréin, Kuwait, Qatar, Isla Caimán, Islas Canarias, Macao, Principado de Andorra, Principado de Mónaco, Panamá y San Marino.
Puntualizó que su grupo parlamentario pondrá en juego todas las acciones legales, para garantizar que ninguna servidora o servidor público pueda beneficiarse del cargo que ostente, sea el nivel que sea.